La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) señaló su preocupación ante eventuales violaciones de derechos humanos en el marco de la escalada de violencia durante el paro nacional en Ecuador.
Además, el organismo recordó que la protesta social está protegida por los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y constituye un componente esencial de la democracia, que exige canales de diálogo efectivos.
“La CIDH recuerda que la protesta pacífica es un pilar de las sociedades democráticas y debe ser protegida. El uso de la fuerza solo puede aplicarse de manera excepcional y conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas (…) el uso de armas de fuego en operativos de control de manifestaciones está estrictamente prohibido”, afirmó el organismo.
Al mismo tiempo, la CIDH rechazó la muerte del comunero indígena kichwa Efraín Fueres, ocurrido el 28 de septiembre en Cotacachi, en un contexto de enfrentamientos y que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.
Hasta la fecha, la CIDH tiene registrados al menos 100 personas heridas; 100 detenciones, 12 personas desaparecidas; así como 12 personas procesadas por supuestos actos de terrorismo, en el marco del paro nacional.
“La Comisión exhorta al Estado ecuatoriano a investigar de forma imparcial y diligente las denuncias de uso excesivo de la fuerza, y a juzgar y sancionar a las personas funcionarias responsables de violaciones de derechos humanos”, señaló la CIDH.
Respuesta del Gobierno
De parte del Estado se ha denunciado el ataque a agentes estatales, a la caravana presidencial, a un convoy humanitario y advirtió que el crimen organizado se ha infiltrado en las manifestaciones.
Además, informó que al menos 12 militares fueron heridos y otros 17 fueron retenidos durante episodios de violencia, y advirtió sobre la presencia de actores armados ajenos a la protesta pacífica.
La CIDH también resaltó que las organizaciones sociales indígenas denunciaron el congelamiento de cuentas bancarias de al menos 10 de sus dirigentes por parte del Estado y la apertura de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra 50 integrantes.
Agresiones a periodistas
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) registró al menos 21 casos de agresiones físicas y hostigamiento contra periodistas y trabajadoras de medios durante la cobertura de manifestaciones, presuntamente cometidos tanto por manifestantes como por fuerzas de seguridad estatales.
A su vez, conoció de la suspensión, por 15 días, de las transmisiones del medio comunitario indígena TV MICC, dispuesta por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) bajo el argumento de preservar el orden público y la seguridad nacional.
También recibió información sobre presuntas interrupciones en los servicios de telecomunicaciones, incluidos bloqueos al acceso a internet.
