De los 16 militares que conformaron la patrulla que detuvo a los cuatro menores de edad del caso Malvinas, 5 decidieron colaborar con la justicia, por lo que solo 11 uniformados han sido señalados como autores directos del delito de desaparición forzada, para los que el fiscal del caso solicitó una pena de prisión de 34 años y 8 meses.
Según la acusación fiscal, los 11 uniformados detuvieron a Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), aproximadamente a las 20:30 del 8 de diciembre del 2024 y, según los propios procesados, los liberaron cerca de las 23:00.
En este tiempo, según las versiones de los militares que colaboran con la justicia y de acuerdo con las pruebas, que incluyen un video, los menores fueron golpeados, humillados, disparados cerca de la cara y obligados a desnudarse.
La desnudez es tortura
Aun cuando los niños no habrían sido golpeados, como aseguran los 11 militares que no están colaborando con la justicia, el fiscal del caso, Christian Fárez, puntualizó que el simple hecho de obligarlos a desnudarse y abandonarlos así es un acto de tortura, según lo establecen los organismos de derechos humanos.
“Al dejarlos desnudos, se les expuso a las víctimas a un riesgo inminente; aunque no hayan sido niños, tenían la obligación de reportar a la Policía Nacional; porque, incluso a un adulto, si se le deja en un sector conocido como zona roja, se le expone a un riesgo; más aún, solo la desnudez forzada en niños es una tortura”, afirmó el fiscal del caso Malvinas.
Sin embargo, abogados como Christian Tamayo, que defiende a uno de los militares procesados, señaló que existe una teoría de la “falsa desnudez”, que no se ha probado y que ha sido empleada por el fiscal y por los militares colaboradores con la justicia, para mediatizar el caso y “aparecer en la televisión”.
Militares desconocía el procedimiento
Entre los 11 militares que serán procesados como autores directos y quienes colaboran con la justicia existen un consenso, al desempeñarse como especialistas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) desconocían procedimientos relacionados con la seguridad interna del país, a los que se han visto obligados debido a la declaratoria de conflicto interno.
“Todos los procesados, a viva voz han dicho que no han recibido ninguna capacitación en derechos humanos, procedimiento de flagrancia, intervención con menores, por eso se establece (como reparación integral) que el Ministerio de Defensa haga una capacitación”, puntualizó el fiscal del caso.
Según la versión de los procesados, la noche del 8 de diciembre del 2024, la patrulla fue convocada para acompañar a personal de la Aduana, a su retorno a la base se encontraron con el grupo de menores que, según les habría informado los ciudadanos, se encontraban asaltando a los transeúntes, por lo que decidieron detenerlos.
“Lo que sí sucedió es un error de procedimiento, que consistió en no entregarlos a la Policía, sino que dejarlos; se tomó la decisión de decirles que se vayan, con tal de que no se repitan”, señaló el abogado Christian Tamayo.
Pedido de reparación integral
El fiscal del caso Malvinas, Christian Fárez, solicitó que a los sentenciados se les imponga, además de la prisión, otras sanciones, entre estas una multa de 10 mil dólares que será entregada a la familia de las víctimas, por parte de cada uno de los militares. Además, que se les entregue el Bono de Desarrollo Humano.
Como este es un delito estructural en contra de las víctimas indirectas, ya que el Estado, a través de la fuerza pública fue parte, se solicitó que se les brinde una atención multidisciplinaria, de profesionales de la psicología, salud y grupo social.
Como mecanismo de no repetición y de memoria ante lo sucedido, el fiscal también pidió que el puente de la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, en Guayaquil, lleve el nombre de Las Malvinas.
