La participación de menores de edad en hechos delictivos es una tendencia alarmante. Las cifras oficiales son escalofriantes en lo que va del 2026. En total se registraron 274 menores de edad aprehendidos o detenidos en diversos operativos a nivel nacional, según los datos del Ministerio del Interior.
La cifra refleja una situación compleja. Adolescentes, entre los 12 y 17 años, están involucrados en actividades ilícitas que vulneran el marco legal vigente. El reporte estadístico también permite identificar que la gran mayoría de estas capturas son de menores con vínculos a grupos de delincuencia organizada.
De los 274 menores de edad, hay 257 casos de menores detenidos en flagrancia. Es decir, que fueron capturados por las autoridades en el preciso momento de ejecutar el acto ilícito. Solo 17 casos corresponden a órdenes judiciales previas. Según las cifras, en los casos de detenciones se dieron por delitos que afectan directamente el patrimonio y la seguridad pública en Ecuador. Es decir, robos.
La causa con mayor frecuencia son los delitos contra el derecho a la propiedad, sumando 83 casos donde los robos son la figura principal entre los 274 menores de edad procesados. Asimismo, 63 adolescentes fueron vinculados a delitos contra la seguridad pública, categoría que incluye la tenencia ilegal de armas de fuego y otros artefactos peligrosos.
“Hay un problema social de fondo. Muchos de los chicos están en edades de estudiar en el colegio, pero han abandonado los estudios y al no tener empleo encuentran formas fáciles de ganarse un medio”, dice Andrés Pazmiño, experto en seguridad y docente universitario.
Hay más variables en análisis. El tráfico ilícito de sustancias en el país gana espacio entre los más jóvenes. Un total de 52 menores fueron interceptados en actividades relacionadas con el microtráfico o transporte de drogas, una cifra que supera a los delitos contra la libertad personal, que registraron 15 casos vinculados a secuestros o extorsiones.
Las tipologías demuestran una diversificación de las infracciones cometidas por menores, quienes ahora enfrentan cargos por tentativas de homicidio e incluso terrorismo.
El problema en Guayas
Guayas lidera las estadísticas que presentó el Gobierno con 82 casos. Eso representa aproximadamente el 30% del total de los 274 menores de edad registrados en el país.
Manabí, con 29 casos, y Esmeraldas, con 26, completan las ciudades del litoral donde la vigilancia y el control estatal han tenido que intensificarse para frenar el avance de la delincuencia juvenil.
Luego está Pichincha. La capital aparece como el segundo foco de mayor incidencia a nivel nacional y el principal en la Sierra, con 33 registros.
Mientras tanto, en Los Ríos se contabilizaron 22 casos, consolidando la tendencia de alta conflictividad en zonas costeras. Otras provincias serranas como Azuay y Cotopaxi muestran cifras menores, con 6 casos cada una, lo que denota una distribución territorial desigual pero persistente en casi todas las jurisdicciones del territorio ecuatoriano.
Ciudades de la amazonía
Morona Santiago es una de las provincias con el problema más acentuado. Hay 8 casos de 274 menores de edad y luego está Zamora Chinchipe con 7 registros. En Pastaza, Napo y Sucumbíos las cifras oscilan entre los 3 y 4 casos, mientras que Orellana reportó el índice más bajo con un solo adolescente detenido por las autoridades competentes en sus operativos de control territorial.
