Desde enero del 2024 el presidente Daniel Noboa ha emitido ocho estados de excepción (sin considerar renovaciones o extensiones), esta es la segunda ocasión en la que se incluye a la provincia del Azuay en una medida sectorizada, y la primera en la que la razón tiene relación con el tema de la inseguridad.
Si bien en septiembre del 2025 se incluyó a esta provincia en un estado de excepción localizado, la medida fue parte del intento del Gobierno por frenar la Marcha por el Agua, que se realizó en Cuenca en protesta a la actividad minera, pero, no se argumentó el aumento de la delincuencia.
Esta vez la motivación sí guarda relación con la inseguridad en la provincia; según la justificación del estado de excepción que se decretó este 16 de junio del 2026 en 10 provincias y 3 cantones; en Azuay la violencia está en crecimiento, al igual que en el resto del país.
Según las cifras oficiales, entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026 se ha producido a un «aumento significativo» del 6.8% en los homicidios a nivel nacional, los cuales pasaron de 322 a 344 los casos.
La Policía Nacional reportó que el 93.9% de la violencia se concentra en las provincias en las que se estableció el nuevo estado de excepción: Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo, Santa Elena, Sucumbíos y Azuay.
Lo que preocupa en Azuay
Según el Informe Reservado de Inteligencia No. STIE-DOAIE-SD_IE-26-007, se han detectado escenarios en los que destaca la reconfiguración criminal y panoramas de violencia de alto impacto en Azuay, según lo reportan los medios de comunicación.
En cuanto al análisis de riesgo que se hizo para justificar la declaratoria del estado de excepción, se estableció que en Azuay se ha incrementado, debido a la actividad minera ilegal, principalmente en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
“En Azuay, así como en los cantones La Maná, Las Naves y La Troncal, se han constatado disputas territoriales intensas, expansión del narcotráfico y fortalecimiento de economías ilícitas vinculadas al tráfico de drogas, armas y minería ilegal”, señalaron las Fuerzas Armadas en uno de los informes en los que se basó la aplicación de la medida en la provincia.
Los delitos en Azuay
Entre los hechos violentos que se produjeron en el país del 1 de mayo al 12 de junio, en la provincia del Azuay se generaron 22 eventos relevantes, entre los que se cuentan homicidios intencionales, múltiples, atentados en el espacio público o contra funcionarios públicos y aprensión de armas de fuego o sustancias sujetas a fiscalización.
Además, del 100 % de las muertes violentas que se registraron en el país del 1 de mayo al 12 de junio, el 0,4 % se produjeron en el Azuay, lo que equivale a 8 asesinatos, la cifra se eleva a 15 desde inicios del 2026.
Mientras que, del total de emergencias por tenencia, consumo y comercialización de droga que se han emitido a nivel nacional, el 17 % se han producido en esta provincia.
Migración criminal al Azuay
Según un estudio realizado por Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, lo que experimentan Cuenca y la provincia del Azuay forma parte de un proceso de migración criminal interna, impulsada por la presión operativa ejercida sobre estructuras delictivas en provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.
Azuay sería atractiva para las bandas porque tiene menores niveles de control, menor percepción de amenaza y mayores oportunidades económicas; además, por su condición de polo industrial, comercial y empresarial genera condiciones favorables para el lavado de activos y la infiltración de capitales ilícitos.
A esto se suma, según Pazmiño su ubicación estratégica como punto de conexión entre Sierra, Costa y frontera sur, facilitando corredores utilizados para movilidad de drogas, armas, dinero ilícito y operadores criminales.
¿Por qué es necesario el estado de excepción?
Según la justificación que el Gobierno expuso en el Decreto Ejecutivo 423, el actual estado de excepción es necesario porque a raíz de que concluyó la última medida de este tipo, 18 de mayo del 2026, la violencia se incrementó y el trabajo de la Policía Nacional, sin ayuda de las Fuerzas Armadas, resultó insuficiente.
Debido a la ausencia de los militares en las calles, lo cual se garantiza solo con un estado de excepción, los operativos por provincias registraron una disminución general del 4% en las intervenciones a nivel nacional. El objetivo de la actual medida es revertir esta tendencia y focalizar los esfuerzos en las zonas con mayor peligrosidad.
El Azuay no es la excepción, en esta provincia, entre el 20 y el 31 de mayo de 2026 se realizaron 891 operativos, mientras que del 1 al 12 de junio de 2026 la cifra bajó a 816; es decir, se hicieron 75 operativos menos, lo que equivale a una reducción del 8% en la actividad operativa.
