Las redes sociales se convirtieron en un parlante de reclamo del correísmo. Hay un sacudón en el panorama político tras la decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Juan Patricio Maldonado, de suspender por nueve meses al Movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO, Lista 16).
La medida, según el razonamiento jurídico, responde a un pedido de la Fiscalía General del Estado en el marco de una investigación reservada por presunto lavado de activos. Así se puede leer en la resolución. Esta decisión cortó de raíz el plan de contingencia del correísmo, que pretendía usar dicha bancada como vehículo electoral para las elecciones seccionales de noviembre.
La suspensión es por nueve meses y las elecciones serán en noviembre. Esta nueva inhabilitación representa un segundo golpe electoral para la Revolución Ciudadana (RC5), liderada por el expresidente Rafael Correa, cuya personería jurídica ya había sido suspendida previamente también por el TCE, en marzo de este año bajo acusaciones similares. Al verse impedidos de competir con su propio casillero, la dirigencia correísta había anunciado una alianza con el Movimiento AMIGO para cobijar a sus cuadros principales. Sin embargo, con este nuevo dictamen, ambas opciones han quedado bloqueadas temporalmente del registro de organizaciones políticas.
Los candidatos que buscan partido
El impacto de la suspensión golpeó a figuras del movimiento que iban a correr por la Lista 16. Entre las postulaciones comprometidas se encuentra la del actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien busca la reelección, y la de la excandidata presidencial Luisa González, anunciada para la Prefectura de Manabí. Ambas candidaturas representan bastiones territoriales estratégicos que ahora carecen de un partido que los auspicie legalmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Desde el exilio, Rafael Correa reaccionó con dureza a través de sus redes sociales, calificando la medida del Tribunal como una «ilegalidad y arbitrariedad sin precedentes» encaminada a la proscripción de su fuerza política. En la misma línea, los portavoces de la Revolución Ciudadana denuncian la existencia de una «persecución sistemática», coordinada desde la Fiscalía y el Gobierno.
Más reacciones de líderes
La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, adoptó una postura de resistencia y anticipó que la militancia se encuentra preparada para afrontar esta nueva adversidad institucional. Ayer, los principales líderes de la organización mantuvieron reuniones virtuales y otras presenciales en Quito para analizar una defensa legal. Rivadeneira aseguró públicamente que el movimiento ya contemplaba escenarios de este tipo debido al clima de hostilidad política y judicial que denuncian.
La dirigente remarcó que los planes para asegurar la participación de sus candidatos no se detendrán pese a las resoluciones emitidas por el TCE, pero no dio luces de los movimientos. Otra de las estrategias del correísmo, según Paola Pabón, se trasladará ahora al plano de las negociaciones de última hora con otras agrupaciones políticas nacionales que mantienen su personería vigente. Buscarán acercamientos reservados con directivos de otros partidos o “aliados ideológicos”, según detalló Rivadeneira.
El objetivo de la cúpula es concretar acuerdos exprés e inscripciones bajo nuevas banderas antes de que venza el plazo legal otorgado por el cronograma electoral.
El futuro inmediato en lo legal
El equipo jurídico de la Revolución Ciudadana agotará las instancias internas mediante recursos de apelación ante el Pleno del TCE, buscando revertir el fallo del juez Maldonado. En paralelo, contemplan la solicitud de medidas cautelares ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El panorama electoral ecuatoriano entra así en una fase de alta incertidumbre, donde la principal fuerza de oposición disputa su derecho a participar en las urnas. Esto mientras en agosto, según el calendario electoral, ya se deberán registrar oficialmente las candidaturas de las distintas dignidades seccionales que se cumplirá después de cuatro meses. Está previsto que una delegación del movimiento asista este lunes al TCE y otro grupo de simpatizantes se concentre en el Consejo Nacional Electoral.
