La inclusión financiera, que significa lograr el acceso de todas las personas a los servicios financieros, ha crecido significativamente en el país, sin embargo, esto no garantiza un uso pleno y además persiste la exclusión de una parte de la población que, sigue accediendo a las redes informales para obtener un crédito.

La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo de Ecuador (RFD) presentó el estudio “Entorno de la inclusión financiera en América Latina”, en el que se incluyeron cifras específicas del país, que muestran cómo, pese a que el acceso a los servicios bancarios ha crecido, todavía queda mucho por hacer en esta materia.

Según el estudio, Ecuador todavía enfrenta brechas importantes en crédito formal, capacidad de ahorro, confianza, educación financiera y bienestar económico; es decir, el reto ya no está solo en ampliar la cobertura, la cual sí ha crecido (pasó de 61 % en 2019 a 82 % en 2025), sino en lograr que los servicios financieros sean útiles, seguros y respondan a las necesidades reales de la población; solo el 30 % los usa frecuentemente.

Cuenta de ahorros, sin ahorros  

En Ecuador, el 65 % de la población adulta tiene acceso a una cuenta financiera, pero, persisten barreras como la distancia y el costo de los servicios, lo cual ha impedido llegar al 100 % de las personas.

Aunque el 77 % de estas cuentas son de ahorro, esto no significa se las utilice para el objetivo por el que fueron creadas, apenas el 36 % de los adultos ahorra en Ecuador.

Esta diferencia evidencia que, en muchos casos, las cuentas cumplen principalmente una función transaccional (recibir ingresos, realizar pagos o movilizar recursos) y que el acceso al sistema no siempre se traduce en capacidad real de ahorro, ni en mayor disponibilidad de recursos para enfrentar necesidades económicas.

En promedio, alrededor del 40% de la población dependería de familiares o amigos ante una emergencia económica, mientras solo cerca del 16% acudiría a sus ahorros.

Acceso al crédito formal

En el estudio se estableció que el crédito formal se mantiene como el servicio de menor utilización, solo el 30 % de la población adulta de Ecuador accede a los préstamos de los bancos y cooperativas.

Para Valeria Llerena, directora ejecutiva de la RFD, esta brecha evidencia que el sistema aún no logra responder plenamente a las necesidades reales de financiamiento de una parte importante de la población.

Además, se advierte que la salud financiera de la población sigue siendo vulnerable; alrededor del 40 % de las personas dependería de redes informales (incluidos familiares y amigos) para enfrentar una emergencia económica, en lugar de recurrir a recursos propios, lo que refleja una limitada capacidad de resiliencia financiera en los hogares.

Los altos intereses del “chulco”

Que las operaciones bancarias son costosas, según Llerena, son un imaginario que, poco a poco, se ha ido desvirtuando, pero, persiste en una parte importante de la población, lo cual les aleja de la posibilidad de acceder a un crédito formal, porque creen que el “chulco” les cobra menos.

Sin embargo, Luis Bonilla, experto en educación financiera, explicó cómo una red informal puede llegar a cobrarle a una persona hasta 1.000 veces más en intereses, de lo que le cobraría un banco o una cooperativa.

“En los mercados del país las redes informales ofrecen créditos de 500 dólares y les cobran 5 dólares diarios, es decir, el 1 %; si esa persona mantiene esa deuda solo por dos meses habrá pagado 300 dólares en intereses, es decir, una tasa del 365 % anual, mientras en las instituciones formales esta no sobrepasa del 30 %”, explicó el experto.

Al alto interés que se les cobra a estas personas, se debe sumar el riesgo que corren pues, la mayoría de estas redes de crédito informal están manejadas por grupos criminales.

Las poblaciones excluidas

Santiago García, analista económico, recalcó que las brechas que todavía existen para el acceso pleno a los servicios bancarios afectan en mayor medida a los grupos vulnerables.

“Estas brechas se refuerzan entre sí y afectan especialmente a jóvenes, personas con ingresos inestables, microemprendedores y otros grupos vulnerables. Sin acciones específicas, el crecimiento de la infraestructura financiera puede coexistir con una baja profundidad de uso y con trayectorias de exclusión persistente”, afirmó García.

El experto señaló que la brecha no se limita a quienes nunca ingresaron al sistema; también existe una población que, pese haber accedido, dejó de utilizar productos o fue re-excluida por deterioro de sus condiciones crediticias (cayeron en mora). Al sumar exclusión inicial, falta de uso y re-exclusión, la exclusión financiera ampliada llega al 37% de la población adulta, aproximadamente 4,7 millones de personas.