La segunda presidencia de Noboa, iniciada el 24 de mayo, ha generado expectativas de que podría ser mejor que la primera (que duró un año y medio); pero también ha generado la interpretación de que podría haber la profundización de las características básicas de su primer periodo, Y esto tanto por los intereses de los grandes grupos económicos a los que está ligado él Presidente, cuanto por su visión ideológica predominantemente neoconservadora y neoliberal.
En este último escenario, en lo económico, podríamos asistir a un Gobierno que va a seguir cumpliendo con las medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, entre otras cosas, implicaría un nuevo incremento del IVA, la eliminación del subsidio al diésel, la reducción del gasto público (especialmente para obra pública); a lo que se sumarían medidas de ajuste con una nueva reforma tributaria, privatizaciones de empresas y de ciertos servicios públicos, y el incremento de la edad de jubilación. Adicionalmente, como mecanismos para buscar una reactivación económica, el Gobierno reforzará el modelo extractivista (especialmente la minería a gran escala), los tratados de libre comercio y las ventajas para la inversión del capital extranjero.
En lo social, el Gobierno de Noboa mantendría una política básicamente asistencialista y clientelar, a través sobre todo de la entrega de bonos; mientras que los servicios públicos básicos en salud, educación y seguridad social podrían seguir enfrentando situaciones de carencias y deterioro, sobre todo si se considera que para ideología neoliberal lo social no es una prioridad. A esto podrían añadirse medidas como la eliminación de la jubilación patronal y la restricción de ciertos derechos laborales.
En lo político, la crisis de la institucionalidad democrática que enfrenta el país podría más bien profundizarse; una situación que se expresaría en el hecho de que nuevamente asistiríamos en Ecuador a un Gobierno que busca concentrar en sus manos todos los “poderes” del Estado; a lo que se podrían añadir nuevas acciones de tinte autoritario, que ya se han expresado en irrespetos a la Constitución y otras normas jurídicas; amén de que podrían acrecentarse acciones de represión contra actores políticos y sociales de oposición. (O)