Con mucho agrado los ecuatorianos vimos el envío del proyecto de Ley con el carácter económico de urgente, para la Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública modificando la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Esta ley vive desde antes de entrar en vigor la Constitución pues se la creó al calor de la efervescente Asamblea Nacional Constituyente, justo en aquella época de los mandatos apurados. Si algo ha ocurrido en el Ecuador durante los últimos años 17 años es haber luchado con una ley confusa y anacrónica que no agiliza los procesos y convierte a las compras públicas en un macroproceso muy de difícil de manejar.
En esta propuesta, existe la intención de racionalizar la contratación pública, reducir muchas de las modalidades actuales, y evitar las restricciones arbitrarias deliberadas que afectan directamente a una competencia sana de oferentes. Se eliminan varios procedimientos actuales de contratación pública y el Reglamento a ser expedido en 45 días por el presidente regulará los aspectos contenidos en el cuerpo legal.
Básicamente el proyecto de Ley establece solo 5 modalidades de contratación posibles, a excepción de aquellos de régimen especial que aparentemente no sufren modificación; ahora serían: Catálogo Electrónico, Consultoría, Concurso Público, Subasta Inversa Electrónica, Licitación e Ínfima Cuantía; con esto desaparecerían o quedarían absorbidos más de cuarenta ordenamientos vigentes en la actualidad.
El afán básico es que ahora los ciudadanos puedan ser los que “observen” el sistema de manera más fácil, pues a ellos se les debe rendir cuentas. El sector privado, es fundamental en la nueva propuesta para contar con su experiencia y aporte y así nutrir a una ley que rompa el paradigma absurdo de que no pueda haber conexión entre los ejes público y privado, entendiéndose formalmente que quienes son los proveedores del Estado deben acompañar desde los objetivos de la política pública.
Pero el afán básico en esta propuesta de ley es disminuir la corrupción a todo nivel. Tal como indica Juan Francisco Díaz (junio de 2022) en el Ecuador los últimos 15 años se estima que por compras públicas 70.000 millones de dólares fueron desviados, esto equivale a cerca del 100 por ciento de la deuda pública actual, este valor en dólares representan más o menos 80 veces el monto que se invirtió en la vacunación contra el Covid 19, “convirtiendo a la contratación pública en el primer elemento expuesto a ser manchado por estos actos, al ser el medio para la erogación de recursos, no siendo la única, pero si la principal”.
A futuro y con mucha decisión las compras públicas de este país deberían integrar la digitalización de los procedimientos a cero papeles; reconocer la necesidad de integrar componente sociales, ambientales, económicos. Adecuar las normativas en los portales web; la ineludible implementacion de herramientas tecnológicas complementarias a los portales de compra; una mayor profesionalización de los técnicos vinculados a los procedimientos de adquisiciones, teniendo como escudo la transparencia y los controles para evitar la corrupción, que ahora ya tiene aliado en la Inteligencia Artificial (IA). (O)