El Ecuador cuenta con aproximadamente el 20 % de su territorio bajo la protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), cuyo objetivo se centra en garantizar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas.
Lastimosamente, en algunas zonas del país que cuentan con esta categoría de protección, los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) realizan actividades ilícitas, entre ellas la minería ilegal, generando contaminación, deforestación, pérdida de biodiversidad, así como el desplazamiento de las poblaciones nativas.
Este y otros problemas motivaron al Ejecutivo a presentar el “Proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción Local”, que ha sido calificado como de urgencia en materia económica. Su objetivo principal es establecer medidas y mecanismos emergentes para proteger y reactivar económica y sosteniblemente estos territorios, permitiendo la “…retribución de los servicios ambientales que estas proveen, y el impulso del turismo ambiental y ecológico como motor de desarrollo sostenible y del desarrollo local del país”.
Para ello, se planea permitir la incorporación de mecanismos contractuales de intervención, administración y operación (turismo, investigación, disfrute del patrimonio, prestación de servicios ambientales, etc.) por parte del sector privado. Además, para enfrentar los conflictos de inseguridad, se podrá solicitar que las fuerzas de seguridad del Estado brinden su contingente en este territorio bajo un “modelo de gestión y compensación”.
Frente a la propuesta presentada, surgen algunos interrogantes. El primero se refiere a la prohibición constitucional respecto a que los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación; y, en segundo lugar, a que ninguna persona natural o jurídica puede adquirir “a ningún título tierras o concesiones…” en áreas protegidas.
En este sentido, es loable que se intente reactivar el sector turístico, mejorar la seguridad en la zona, así como generar modelos sostenibles para las áreas del SNAP. Sin embargo, existen algunos escollos jurídicos que se deben tomar en cuenta, previo a una regulación apropiada en este tipo de territorios de incalculable valor para el país. (O)