En Ecuador las áreas protegidas constituyen el corazón de su patrimonio natural, cultural y espiritual. Son territorios de vida, memoria y subsistencia para pueblos, comunidades campesinas y para el equilibrio ecológico del planeta. Frente a este valor incalculable, hay el planteamiento de delegar la administración de estas áreas a empresas privadas.

Hacerlo implica convertir ecosistemas únicos en activos económicos. Bajo este modelo, se prioriza el turismo de élite, las concesiones de servicios, e incluso la “compensación ambiental” de actividades extractivas, desplazando el enfoque de derechos y de protección ecológica integral. En nombre de la inversión, se pone en riesgo la salud de los ecosistemas, el acceso al agua, y la supervivencia de especies endémicas.

Además, esta delegación de funciones implica un vaciamiento institucional del Estado. Se trata de una renuncia a la soberanía ecológica del país. Y ni hablar del desplazamiento y exclusión de comunidades locales y la pérdida de su valor cultural.

Lo que está en juego no es solo la biodiversidad, sino el modelo de país que queremos construir. El Ecuador debe mirar con responsabilidad y valentía este debate. Las áreas protegidas son patrimonio común, bienes estratégicos y legado para futuras generaciones. Otorgarlas a manos privadas equivale a hipotecar nuestra soberanía ambiental. Hoy más que nunca, la defensa de las áreas protegidas es una defensa de la vida. (O)