La reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública por parte de la Asamblea Nacional ha generado fuertes cuestionamientos desde organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez y adolescencia. Una de las reformas más controversiales permite que adolescentes sean juzgados como adultos en ciertos delitos graves. Esta medida, lejos de prevenir la violencia, representa un retroceso en la protección de derechos y desconoce las causas reales que afectan a los jóvenes en el país.
Basta mirar las escenas de violencia entre estudiantes que circulan en redes sociales. No son simples actos de indisciplina, sino síntomas de un problema más profundo: adolescentes que viven rodeados de exclusión, trauma, abandono y falta de oportunidades. Creer que la cárcel resolverá esto es negar el contexto que los empuja a situaciones de riesgo.
UNICEF ha sido enfática: estas reformas no han demostrado reducir la inseguridad, y además contravienen la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador. Lejos de proteger, estas disposiciones podrían agravar la crisis del sistema penitenciario juvenil y anular las posibilidades de reintegración social, al exponer a los adolescentes a entornos aún más violentos y desestructurados.
Los datos no mienten. En Ecuador, un adolescente muere cada 14 horas y más de 350 mil jóvenes han abandonado sus estudios recientemente, expulsados por el hambre, la violencia o la necesidad de trabajar. En lugar de garantizar derechos, el Estado responde con sanciones. En vez de tender puentes, levanta muros.
La evidencia internacional muestra que hay caminos distintos. Los modelos de justicia restaurativa han demostrado ser efectivos: promueven la reparación del daño, el diálogo, la mediación y el acompañamiento emocional. En contextos escolares y comunitarios, estas prácticas han reducido la reincidencia y mejorado la convivencia sin necesidad de criminalizar a los jóvenes.
El problema no es que falten alternativas: lo que falta es voluntad política para implementarlas. Lo que se aprueba en la Asamblea debe reflejarse en las aulas, en los barrios, en la vida cotidiana de los adolescentes. Una política punitiva no resolverá una crisis social. (O)
@avilanieto
