Nuevamente escribo sobre este tema ya que el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional con carácter de urgente el proyecto de ley de recuperación de áreas protegidas y promoción del desarrollo local, el cual permite el manejo privado de estas áreas. El objetivo de la normativa es establecer otros mecanismos más para la protección, reactivación económica y sostenibilidad de las áreas protegidas del Ecuador. Además, pretende impulsar el turismo ambiental y ecológico, los mismos que incluyen a la inversión privada nacional o internacional. El argumento de las reformas legales dice que es porque no tiene dinero para invertir en las áreas protegidas.
El gobierno con esta ley piensa proteger y potenciar las más de siete millones de hectáreas de áreas protegidas que tiene el país, las mismas que requieren recursos económicos, pero como señala, no tienen dinero para afrontar. Por lo que esta zona de carácter natural no cuenta con el recurso económico para su conservación. El gobierno dice que en estas áreas existe minería ilegal, pesca y caza furtiva y tráfico de especies exóticas.
El estado piensa en autorizar para que la inversión privada o extranjera cuide estas áreas protegidas, su fauna y flora para que ellas puedan solicitar la protección militar. En realidad, no sabemos cómo podrá manejar el sector privado, lo mejor sería entregar las áreas de reserva ecológica a los municipios o gobiernos provinciales para que ellos las administren cobrando un ingreso para que puedan manejarlas sin ningún problema. El inversionista privado siempre querrá obtener una rentabilidad, una ganancia de ese manejo y entendemos que poco le importa mantener la biodiversidad. (O)