La propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente Daniel Noboa en los artículos 110 y 115 representa una apuesta seria por la institucionalidad democrática. Limitar el financiamiento estatal permanente únicamente a los partidos políticos es una decisión valiente que busca racionalizar el uso de los recursos públicos y fortalecer estructuras organizativas duraderas. En un sistema fragmentado y con organizaciones efímeras, enfocar el financiamiento en actores con trayectoria mejora la calidad de la representación.
Asimismo, eliminar la prohibición a los medios privados de participar en campañas no implica desequilibrio, sino apertura al pluralismo, siempre bajo control técnico del gasto y el contenido. No se trata de privatizar la política, sino de permitir que el debate democrático ocurra en todos los espacios, con reglas claras.
Sin embargo, esta reforma solo podrá sostenerse en el tiempo si el Consejo Nacional Electoral cumple con su rol de control con firmeza, transparencia e imparcialidad. La fiscalización del gasto, la aprobación de contenidos y la verificación de requisitos deben ser técnicas, oportunas y ajenas a intereses partidistas.
Lejos de debilitar la democracia, esta reforma la fortalece. Estimula la transparencia, exige resultados y promueve la competencia política en condiciones modernas. Es momento de transitar hacia un sistema más sólido, donde los recursos públicos se usen con responsabilidad y la voz ciudadana se exprese sin censura. (O)
X: @monicabanegasc
