Según la Constitución, la oposición política debe ejercer su función sin negar la legitimidad del proceso electoral. En toda democracia plena, la oposición es más que la mera expresión del descontento: es un actor institucional esencial que contribuye al equilibrio, la transparencia y la alternancia política.
Mientras el gobierno formula políticas, la oposición tiene el deber de vigilarlas y cuestionarlas con argumentos, pruebas y propuestas concretas, actuar como -gobierno en espera- dentro del marco constitucional. Es lo ideal, desde lo conceptual y el deber ser. La constitución no solo refuerza la legitimidad del sistema, además delimita el ejercicio de la mayoría.
Del otro lado, desde la realidad la oposición en Ecuador enfrenta hoy diversas debilidades que la condenan a un rol secundario, no logra formar una narrativa propia más allá del desconocimiento de los resultados electorales, carece de liderazgos capaces de presentar una hoja de ruta alternativa. A esta situación se suma la atomización del sistema de partidos, que fragmentado no logra consolidar opciones para las próximas elecciones seccionales. (O)
X: @monicabanegasc
