No es posible soslayar de la opinión, la difícil situación que vive el Ecuador respecto al comportamiento de la polémica Corte Constitucional (CC). Algunas de sus actuaciones, antes y ahora, reflejan tibieza, y un temor profundo a enfrentar los grandes problemas de la época, para impartir justicia constitucional con la mentalidad lúcida.
Dos fallos de vergüenza de los últimos años demuestran este criterio. Seis de nueve jueces dieron el visto bueno para el juicio político al expresidente Lasso basándose en los débiles argumentos de Richard Ortíz y Alí Lozada dos “magistrados” limitados, que a inicios de 2023 fueron atemorizados por Iza y Vargas, más el odio de la clase política opositora visible en el obstruccionismo de la RC y aliados. El argumento: un supuesto peculado en el caso FLOPEC, libreto falaz propiciado por la correista Mireya Pazmiño, que por falta de pruebas se archivó, pero en su momento provocó la tan recordada Muerte Cruzada.
Dejar “bajo tierra” el petróleo en el Yasuní careció de un análisis coherente respecto a la potencial pérdida de ingresos para el Ecuador calculada para 20 años en cerca de 16.000 millones de dólares. No sorprendió entonces, que en la provincia de Orellana en donde está el bloque 43-ITT haya ganado el NO en la consulta popular, demostrando así a la (CC) que este proyecto fue una de las grandes barbaridades de la historia. Sin duda alguna, poderosas presiones políticas y ecologistas intervinieron en este proceso.
Dos jueces de lustre fueron Enrique Herrería, quien hace pocas horas dijo: “es el momento de que la Corte abandone esa política inflexible de no conversar con nadie […] por lo cual, debería hacer una convocatoria para exponer sus deseos de luchar contra el crimen transnacional, colaborando con las iniciativas legislativas que tengan el presidente y la Asamblea”; y, Teresa Nuques quien renunció a la (CC), pero será recordada por su proactividad para llegar a entendimientos con el ejecutivo, como el caso de la consulta popular anterior.
La actual (CC) permitió al ex vocal destituido David Rosero regresar al fétido CPCCS, conflictuando con los otros poderes del Estado. Entre la aprobación de las leyes urgentes tramitadas por la AN en junio, y la facilidad para suspender provisionalmente 17 artículos de los cuerpos legales de Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública en agosto, permanece la duda extrema de saber si en verdad los 9 jueces constitucionales entienden a cabalidad, por ejemplo, la realidad del Ecuador respecto al conflicto armado interno, los grupos criminales organizados, y los mecanismos de asistencia integral y protección a grupos vulnerables.
Por estas razones, gran parte de los ecuatorianos duda de la seriedad e independencia de la (CC). Requerimos magistrados que no interpongan sus aficiones ideológicas, ni el gusto o disgusto del perfil de un presidente joven, ávido por fortalecer la estrategia urgente para devolverle la paz a los ciudadanos que ya no aguantan más. Aunque en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional esté claro el camino para sancionar a este tipo de jueces, el pueblo les pide a gritos celeridad y raciocinio para socorrer al país. Un reto que requiere coraje, eliminación de sesgos y sabiduría. (O)