El tema que tenía en mente para esta entrega era otro, sin embargo no pude resistirme a comentar la torpeza –por decir lo menos- protagonizada por el Ministerio de Energía y Minas a través de una funcionaria del nivel jerárquico superior.
Es difícil imaginar que el oficio cursado el 19 de agosto a la Corte Constitucional, en el que se notifica la terminación inmediata de un convenio interinstitucional, urdiendo una supuesta fuerza mayor; y, dándole el plazo “prudencial de 1 mes improrrogable…para que proceda con el desalojo y liberación absoluta del edificio”, no fue conocido por la ministra antes de ser enviado.
El oficio de marras, no fue improvisado, son 9 páginas, que debieron involucrar varias horas de trabajo de varios servidores públicos, el que, se deja insubsistente un día después, sin explicación ni disculpa.
Este no es un asunto baladí, se deberían revisar las actuaciones y sancionar a los responsables de tremendo dislate, pues lo contrario parecería un acto de revancha o intento de intimidación al máximo organismo de justicia constitucional.
El hecho, trajo a la memoria otro similar ocurrido en diciembre de 2011, cuando en el gobierno de Correa se anunció la finalización unilateral del contrato de cesión del edificio de la CONAIE. (O)