Todos o la gran mayoría ciudadana aspiramos que la justicia y el respeto a los derechos de la persona humana y sus obligaciones y deberes correlativos sean respetados a cabalidad, por eso en este tiempo de aguda crisis de los valores y principios es necesaria la reforma a fondo de la estructura del estado, lo que significa legislar una Constitución que establezca con precisión el sistema normativo, claro y conciso.
El mismo hecho que en la Constitución vigente se establezcan cinco funciones y no las tres clásicas del ordenamiento republicano ya es un contrasentido a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica como el principio rector del Estado de Derecho, pensemos que se cuestionó y con razón suficiente a la Asamblea Constituyente de Montecristi y los contenidos del texto aprobado por el referendo respectivo.
Los gobiernos posteriores al 2017 hasta el actual han impugnado sus normas pero no han actuado en consecuencia, se han limitado a convocar consultas sobre temas puntuales, cuando lo que se requiere es un cambio de real profundidad que elimine los absurdos tales como el garantismo penal, la presunción de inocencia sin límite, los derechos políticos del sufragio desde los 16 años de edad y en contrapunto la inimputabilidad hasta los 18 años de edad de los ciudadanos considerados sujetos a la justicia juvenil lapso entre los 12 a los 17 años, en el contexto especializado de tal condición.
La misma composición de la Asamblea debe ser reformada, porque quien legisla debe tener la calidad académica que requiere la facultad de legislar, como el presidente de la Republica acreditar sus aptitudes de experiencia y, como los jueces, la probidad exigida por la naturaleza de tales funciones.
Es hora de poner punto final a tanta lenidad.
En nosotros está el deber de exigirnos y exigir a los gobiernos y, los integrantes del poder público la necesaria coherencia, eficacia y respeto al sentido de responsabilidad cívica. (O)