En la filosofía política moderna, la soberanía es la autoridad suprema e independiente de un Estado dentro de un territorio determinado, que implica el poder de tomar decisiones fundamentales. Esta autoridad en la perspectiva ilustrada republicana, tiene en teoría un único depositario: el pueblo. Es decir, el pueblo en un ejercicio contractual, en un pacto que permite generar mejores condiciones de vida, autoriza (pues es la autoridad máxima) la existencia del Estado y el ejercicio del gobierno como instrumento de la voluntad general. En esta concepción el pueblo manda y el gobierno obedece. En Ecuador, la voluntad general se expresa principalmente a través de los mecanismos de participación democrática directa previstos en la Constitución y la ley, como las consultas populares. En Cuenca, el 80 % de la población le dijo “Sí” a la prohibición de actividades mineras en las zonas de recarga hídrica en la consulta popular celebrada el 7 de febrero de 2021. Así de claro y definitivo. Pero el gobierno insiste en seguir con la actividad minera, incumpliendo el mandato y desconociendo la autoridad del pueblo (que insisto, prohibió la minería en esas fuentes de agua). Entonces, bajo esta cadena argumental, la marcha por el agua del 16 de septiembre no solo es por el agua, cosa que de por si es necesaria y legítima, sino que se trata de una expresión de defensa del sistema democrático como tal, defensa del sistema basado en el demos-pueblo, y kratos-ejercicio del poder, es decir donde el pueblo manda y el gobierno obedece. (O)
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