El diálogo democrático exige dos certezas: la protesta es un derecho y los derechos de terceros son un límite. La Constitución de 2008 reconoce el derecho a la resistencia en elartículo 98, frente a decisiones que vulneren garantías, pero también nos recuerda que ninguna causa se legitima si atropella a quienes no participan de la protesta. No hay agenda justa si se impone con miedo, ni reclamo legítimo si se financia con el dolor ajeno.
Ese marco no es retórico: la misma Constitución prohíbe paralizar los servicios públicos esenciales como salud, educación, justicia, agua, energía, transporte y telecomunicaciones porque sostienen la vida cotidiana, según el artículo 326. Protestar sí; bloquear hospitales, cortar el agua o impedir el transporte, no. La democracia necesita calles activas y, al mismo tiempo, hospitales abiertos, escuelas funcionando y jueces operando. La libertad de unos no puede vaciar la de otros.
La salida responsable es transformar la protesta en propuesta: mesas con mediación independiente, cronogramas verificables y actas públicas; respeto a la integridad física y a la libre expresión; y una agenda que priorice empleo, seguridad y costo de vida. La paz social se sostiene gestionando los desacuerdos, con plena vigencia de la ley y la dignidad. Un gobierno que convoca a todos los actores, escucha con rigor, no renuncia a sus principios, los fortalece con legitimidad. (O)
X: @monicabanegasc