Una de las preguntas de la consulta del 16 de noviembre próximo, es la de si el pueblo está o no de acuerdo con una Asamblea Constituyente, para que redacte una nueva Constitución. Por esto resulta oportuno un breve análisis de la actual Constitución ecuatoriana, que en el mes de septiembre último cumplió 17 años de vigencia.

Es una Constitución que ha traído importantes cambios para el país, pero que varias veces ha sido incumplida o violada en varios aspectos, o que ha sido paulatinamente desarmada en cuestiones esenciales de su contenido, por parte de los diversos Gobiernos que se han sucedido desde 2008.

Entre los cambios que trajo a la estructura jurídica del país, se comenzó definiendo a Ecuador como un Estado constitucional y democrático de derechos, como un Estado plurinacional y como un territorio de paz. En el ámbito de los derechos ciudadanos, se consagró una ampliación y profundización de esos derechos. En el plano político, lo más destacable ha sido el amplio despliegue de mecanismos para hacer viable una democracia participativa.

En lo económico, la declaración de un nuevo régimen de desarrollo, y la definición del sistema económico como “social y solidario”, constituyeron los más destacados cambios. Empero, la novedad más significativa de la Constitución consistió en la introducción, como una parte específica de la misma, de una nueva política social y ambiental, a través de lo que se denominó “Régimen de buen vivir”, que contempló los llamados derechos de la naturaleza

Si bien en los primeros años de vigencia de la nueva Constitución se asistió a la elaboración y promulgación de importantes leyes, en los más diversos campos y orientadas a ajustar la estructura legal del país a los mandatos de esa Constitución; empero, dicho proceso no siempre fue acompañado de la suficiente participación y debate con los sectores ciudadanos involucrados; lo que contribuiría a aumentar la inconformidad social, que se acentuó en los años posteriores por la mala gestión de los Gobiernos.

Al respecto, uno de los aspectos positivos de la Constitución elaborada en Montecristi radicó precisamente en las potencialidades legales que abrió para la participación ciudadana, y que es algo que los Gobiernos tampoco han puesto en práctica. (O)