En tiempos de rápida innovación económica y tecnológica, la universidad enfrenta un desafío tan profundo como sigiloso: preservar la integridad moral en un entorno crecientemente dominado por intereses particulares. Desde hace siglos, Adam Smith advertía que el comercio, cuando no se acompaña de virtud cívica, termina corrompiendo los “sentimientos morales” de una sociedad. Esta advertencia, originalmente dirigida a los mercados, adquiere hoy una relevancia urgente en la educación superior. Si la universidad renuncia a su papel formativo en valores y debilitamos su diseño institucional, abrimos la puerta a distorsiones que reproducen desigualdad, injusticia y fenómenos que hoy identificamos como “captura regulatoria”.

Junto a la educación moral, el diseño institucional universitario juega un papel decisivo, la universidad requiere estructuras transparentes, meritocráticas y resistentes a presiones externas o de grupo. Cuando los procesos de admisión, concursos docentes, asignación de becas o gobernanza académica carecen de controles claros, se genera un terreno fértil para el tráfico de influencias, el amiguismo o las decisiones arbitrarias. En esos casos, la universidad replica al interior el mismo tipo de captura regulatoria que ocurre cuando sectores económicos influyen en las normativas públicas para su beneficio.

Cuando las universidades permiten que intereses particulares o el amiguismo definan prioridades académicas o presupuestarias, terminan profundizando esas brechas y debilitando su misión esencial: democratizar el conocimiento y promover la equidad. Ignorar estos riesgos tiene un costo social enorme. Por ello, la salud institucional del país comienza en la salud institucional de sus universidades. (O)