El Código Orgánico Territorial COOTAD, Artículo 42 establece entre las competencias exclusivas de las Prefecturas del Ecuador: “Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas”. Es decir las vías intercantonales, interparroquiales y caminos vecinales.
Hasta hace una década, los prefectos del Azuay justificaban la pésima condición vial con 5.600 km (94 %) aún en tierra y lastre (5.600 km), atribuyéndola al centralismo, que supuestamente no entregaba suficientes recursos.
Sin embargo, con la implementación del modelo de Equidad Territorial, dicho argumento dejó de ser válido. Varias provincias como Chimborazo, Manabí y Loja mejoraron su vialidad gracias a estos fondos, al establecimiento de peajes rentables y a la autogestión. Provincias que ya cuentan con una buena red vial como Pichincha, Tungurahua y Guayas, asfaltaron más carreteras. La única excepción ha sido el Azuay.
En nuestra provincia, la situación va de mal en peor. La tasa solidaria, que permitía a los 61 GAD parroquiales mantener sus vías en lastre, fue eliminada de forma equivocada. El ex prefecto Marcelo Cabrera gestionó una donación de maquinaria del Gobierno de Japón, que prestó servicio durante 20 años; una gestión que no se ha vuelto a replicar. A ello se suma la administración del peaje que financiaba el mantenimiento de la vía Descanso–Gualaceo, el cual fue eliminado por decisiones politiqueras y nunca reinstaurado.
Vías estratégicas como Ricaurte–Ochoa León, que conecta dos parroquias y decenas de urbanizaciones, competencia del GPA, no han sido reconstruidas en 20 años. Ni siquiera se realizan bacheos. Por ello, los moradores solicitamos al Municipio de Cuenca que, “por favorcito”, intervenga, ante la inacción de la Prefectura.
La conclusión es evidente: en el Azuay, la Prefectura se ha vuelto prescindible. Los cerca de 70 millones de dólares que el Estado transfiere anualmente podrían destinarse al Municipio de Cuenca, que cuenta con mejor infraestructura, planta asfáltica, capacidad técnica y, sobre todo, institucionalidad. Además, se podría redistribuir recursos entre los 14 municipios restantes y los 61 GADP, reduciendo burocracia y evitando el uso de fondos públicos para promocionar al prefecto de turno. (O)
