Hace ocho días, a once miembros de la FAE, de los 17 involucrados, el fiscal del caso solicitó una sentencia de 34 años y 8 meses de privación de la libertad a cada uno de ellos, más las sanciones pecuniarias y de reparación pertinentes, por la desaparición forzada y muerte de tres adolescentes y un niño acaecidas cuando los muchachos se encontraban en manos de una patrulla militar, hace un año y en la provincia del Guayas. 

El hecho, que conmocionó la opinión pública nacional e internacional, adquirió ribetes de dramatismo cuando los videos de las cámaras de vigilancia mostraron, sin lugar a dudas, que los muchachos fueron detenidos por el grupo militar en una calle de la ciudad de Guayaquil y embarcados en la paila de un vehículo. A los tres o cuatro días de su detención, sus cuerpos calcinados fueron encontrados en un paraje desolado de la parroquia Taura, cantón Naranjal, más o menos cercano a la base aérea de Taura, lugar de acantonamiento del personal militar responsable de la detención.  

Un par de declaraciones de funcionarios gubernamentales, queremos pensar que producto de informaciones deformadas, hicieron pensar, al principio, que a lo mejor se perseguía ocultar la verdad, incluida la identificación de los responsables, pero, las indagaciones emprendidas por la fiscalía y, quiero entender que, a lo mejor la entrega de información por el mismo gobierno, fueron configurando el atroz delito, mientras los presuntos autores y cómplices del mismo, se encontraban ya detenidos como medida cautelar. Bastará ahora seguir los pasos que faltan en el proceso, aunque el camino recorrido nos lleva a pensar que los culpables serán sentenciados y que tendrán que saldar, tras las rejas, su deuda con la sociedad ecuatoriana. 

Mucha agua ha corrido bajo el puente, deben haber existido presiones de variada índole y tentaciones inconfesables, pero queda claro que, en el caso de Los cuatro de las Malvinas, la administración de justicia ha jugado un rol protagónico, en el mejor de los sentidos, devolviéndonos la confianza a los ecuatorianos en la recta aplicación de la ley. Que nadie se olvide jamás de las “disposiciones judiciales” de las sabatinas.    (O)