Nos enfrentamos a una crisis hídrica sin precedentes. Según datos del Banco Mundial, el planeta pierde aproximadamente 324.000 millones de metros cúbicos de agua cada 12 meses y las reservas mundiales disminuyen un 3 % anual. Este fenómeno se manifiesta con mayor intensidad en determinadas regiones; sin embargo, Ecuador vivió en 2024 una de las peores sequías de las últimas seis décadas, que afectó de manera particular a la generación hidroeléctrica y llevó casi al colapso la dotación del servicio de agua para consumo humano.
Si bien las precipitaciones registradas en 2025 contribuyeron a manejar parcialmente esta situación, se trata de una problemática que debe afrontarse tanto a nivel nacional como local, especialmente con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua.
Uno de los proyectos más ambiciosos para la ciudad se localiza en la cuenca del Tomebamba, mediante la regulación del recurso hídrico en la microcuenca del río Matadero (sector Dos Chorreras). Esta infraestructura permitiría el almacenamiento regulado de aproximadamente dos millones de metros cúbicos de agua, destinados a garantizar el derecho humano y fundamental al agua de miles de cuencanos.
La obra debe comprenderse desde una doble dimensión: en primer lugar, como una respuesta vinculada a la seguridad hídrica de la ciudad; y, en segundo término, como una medida de adaptación al cambio climático, conforme lo establece el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2023–2027, orientada a responder de manera anticipada a los períodos de estiaje.
La autorización administrativa por parte del gobierno central para la ejecución de esta obra es inminente, pues, más allá de banderas políticas, una de las principales responsabilidades del Estado, según lo dispone el artículo 3 de la Constitución de la República, es garantizar el acceso al agua potable. No debe olvidarse que infraestructuras similares han sido construidas en otros ecosistemas frágiles del país, con resultados positivos, como en el caso de Mica Sur, junto al Parque Nacional Antisana.
Oponerse al desarrollo de un proyecto de esta envergadura no implica afectar a un proyecto político, sino poner en riesgo la calidad de vida de más de 600.000 cuencanos. (O)
@andresmartmos
