En el Ecuador hay jueces que dejan libres a criminales aprehendidos en flagrancia, o teniendo elementos suficientes para la prisión preventiva, otorgan medidas sustitutivas.
Existen grandes excepciones; los buenos magistrados, quienes trabajan con mística y diligencia, son sitiados por el propio sistema judicial que les abandona, no valora sus actuaciones, y les dejan sin protección.
El joven abogado gualaceño Carlos Serrano Lucero, se preparó para ganar un concurso en 2022 y ser juez anticorrupción, demostrando en el ejercicio de su gestión, probidad y decencia. En estos dos últimos meses, tuvo presiones de actores del crimen organizado que han utilizado al poder administrativo del Consejo de la Judicatura, pidiéndole al juez que “ponga atención” a quienes ejercían la defensa del caso Euro 2024, proceso penal por un delito de lavado de activos relacionado con el tráfico de drogas y en el que se sentenció entre otros, al serbio Yezdimir Srdán.
Amenazado, Serrano renunció y salió del país; nos imaginamos las horas de tensión y sufrimiento vividos antes de tomar esta decisión. Por eso, casi por unanimidad la Asamblea Nacional ha pedido la comparecencia de Mario Godoy, el capo de la Judicatura, para que diga qué conoce de este caso, en el cual estuvo vinculado su ex cercano colaborador Henry Gaibor; quien, en actitud cómoda, dio un paso al costado con su renuncia, demostrando que el control administrativo de la justicia es una fuente inagotable de miseria, palanqueo de quienes tiene influencias, y una cama muy bien tendida en donde duermen las controversias de los carentes de poder político o palancas de alto nivel.
En el Ecuador, alcanzar que los juicios y/o sentencias cumplan los plazos ordenados en la normativa, es una odisea. Hay “profesionales” del derecho, que al momento de la audiencia llegan con certificados médicos dudosos, consiguen diferir los procesos, y así, ganar tiempo para tejer sus estratagemas, con el fin de obstruir el desarrollo de las causas judiciales. Siendo un delito contra la administración de justicia, el Consejo de la Judicatura, cuando le conviene, no ve más allá de sus narices, generando un espíritu de cuerpo entre jueces poco diligentes, administradores sesgados, y leguleyos truchos.
El caso Triple A en el cual está involucrado Aquiles Alvarez, es un vivo ejemplo. Citadas 16 personas naturales y 6 jurídicas el 24 de diciembre pasado, no se pudo instalar la audiencia porque los abogados defensores Navarrete y Mayorga presentaron sendos certificados médicos, curiosamente ambos documentos emitidos por el Centro de Salud de la Zona 5 del Ministerio en Guayas, el uno por neumonía y el otro por problemas odontológicos. La causa se difirió hasta el 31 de enero de 2026, y así, casi con seguridad, se crearán estrategias, como le llaman los propios jueces o fiscales, para dilatar y dilatar los avances de los juicios y sus dictámenes. En un video que circuló en las redes, mientras se deliberaba, pocos minutos después de terminar la audiencia fallida, se le ve al acusado Raúl Zambrano filmándose su propia y victoriosa entrada al baño para hacer “popó”, demostrando que todo esto es una majadería llena de estiércol. (O)
