En la Constitución de 1998 (Sangolquí) se introdujo por primera vez el concepto del Consejo de la Judicatura. Hasta antes de esta fecha, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de cumplir la tarea de administrar justicia, debían también preocuparse y manejar los procesos administrativos inherentes al correcto desenvolvimiento de la función judicial. La idea del legislador, ya puesta en práctica con anterioridad en países como Colombia, por ejemplo, era de que los jueces se concreten exclusivamente al tema de las decisiones y sentencias judiciales mientras que el nuevo ente, el Consejo de la Judicatura, se convierta, asimismo de forma exclusiva, en el “organismo de administración y disciplina de la función judicial”.
Lamentablemente, la voracidad de los grupos de poder tras controlar las decisiones judiciales, han ido trastrocando los fines del CJ hasta convertirlo en un instrumento para la consecusión de sus perversos intereses. Y lo sucedido con Mario Godoy, actual presidente del CJ, no es sino una muestra más de la interminable cadena de irregularidades en que se ha visto involucrado el Consejo, llamado a cumplir una función clave y transparente dentro del engranaje judicial del país.
A esta altura del partido, el tema luce agotado por donde se lo mire. Definitivamente, luego de que se han hecho públicas, tanto las presiones ejercidas por Henry Gaibor, brazo derecho de Godoy, sobre un juez, para que falle en determinado sentido en un proceso judicial y, las intervenciones de la abogada Vintimilla, esposa de Godoy, como defensora de algunos casos peliagudos y de obvio interés nacional, la credibilidad del presidente Godoy ha caído por los suelos y su renuncia a tan alta función, si es que prima la lógica en sus decisiones, debería ser cuestión de horas.
No he visto ni he oído a nadie defender a Godoy, ni creo que, con las evidencias mencionadas, aparezca, a futuro, algún “arrojado” que se halle dispuesto a desenvainar la espada en su defensa. Sus errores crasos han hecho que se “meriende” la invalorable oportunidad que tuvo de enderezar el rumbo de la administración de justicia en el país. (O)
