Cada vez que intentamos revelar los errores —y no pocas veces los abusos— de hombres e instituciones, con evidencias y comentarios puntuales, nos topamos con la resistencia de la época, semejante a un fardo que intentamos levantar y que termina por aplastarnos contra el fango. El único consuelo es la certeza de que, aunque los poderes de turno nos sean adversos, tenemos la verdad de nuestro lado, la cual, aliada con el tiempo, termina por imponerse: si no hoy, mañana.

Hemos advertido sobre los riesgos del libre mercado aplicado a la educación superior, especialmente en áreas tan como la medicina y el periodismo, hoy extendidas a otras ofertas profesionales. Este modelo, defendido por tecnócratas y beneficiarios directos, ha derivado en sobreoferta profesional, desempleo, precarización laboral y una evidente disminución de la calidad, acompañada del abuso de unos pocos.

Hace poco un estudio ha sacudido a la ciudadanía consciente y que ojalá remueva la indiferencia de las autoridades académicas y de los organismos de control, muchos de ellos cómodamente apoltronados en las instituciones pertinentes. Me refiero al estudio del catedrático de la USFQ, el Dr. Enrique Hidrovo, sobre la sobreoferta de médicos, la proliferación descontrolada de universidades y la escasez de fuentes de trabajo, agravadas por una excesiva fragmentación de especialidades que ha hecho perder la visión integral de la salud.

El estudio revela que en el país se registraba en 2016 una tasa de 20,52 médicos por cada 10.000 habitantes; al año siguiente aumentó a 22,2, cifra cercana a 23 recomendada por la OMS. Este año la tasa alcanza los 40,35, y se prevé que en 2030 llegue a 59,31. El resultado es tan alarmante como contradictorio: más médicos y menos empleo; más médicos y menos infraestructura; más médicos y menos calidad… ¡Las facultades de medicina se multiplican como nenúfares en ciénaga, impulsadas por la lógica del lucro y no por la planificación estatal!

El presidente del CMP, Dr. Juan Pasquel, ha cuestionado la saturación de especialistas, los planes de estudio diseñados al arbitrio de cada universidad, la reducción irresponsable del tiempo de formación y el ingreso indiscriminado de estudiantes. Basta observar el caso de Cuenca: con baja densidad demográfica, hoy cuenta con una nueva universidad con facultad de medicina.

Lo que se ha impuesto no es una política educativa sino un negociado, donde la educación se convierte en mercancía, el estudiante en cliente y el título profesional en producto. Regular la educación no es atentar contra la libertad académica; es defender el interés público y la dignidad profesional. (O)