Entre ejecutivo, alcaldes y otros poderes del estado con urgencia, en cuidado a necesidades sociales, superando las disputas politiqueras, así como nombrar autoridades nacionales, encargadas al infinito, por ausencia de compromiso, como el caso de la corte nacional de justicia descabezada, el consejo de la judicatura envuelto en escándalos, jueces sin protección, consejo electoral prorrogado, etc. Mientras el país se desangra ante la ocupación   de la mafia organizada. Quien puede poner orden ante este desbarajuste es el parlamento nacional, rescatando su ostentación de primer poder del estado, que debería merecerse en sus actuaciones, que sean coherentes con el sentir ciudadano. 

Como mirar que la corte constitucional coarte la participación privada en la generación y distribución de energía, mientras Colombia aprendió del apagón en la década de los 90 y abrió la posibilidad de la integración privada en este ámbito, que ahora alcanza hasta el 70%, gracias a lo cual el ecuador se auxilia en tiempos de estiaje. Similar situación con el Perú que ahora estamos buscando interconectarnos para pedir soporte en caso necesario. No somos como país al momento garantía pública de dotación de energía eléctrica y nos preguntamos cándidamente, porque no viene la inversión extranjera como a nuestros vecinos.

Evento positivo de la construcción de los hospitales municipales, sería integrarse a la red pública en el marco del modelo de atención de salud para mejorar la calidad del servicio, dadas sus características de segundo nivel, con antecedentes de solvencia cuando hace convenios como los que se manejaron con el IESS, ya que cuenta con farmacias, laboratorios y otros que de manera integrada alcanza la eficiencia. Falta nada más sentarse hablar anteponiendo los intereses comunitarios y se puede avizorar un sistema idóneo en el sector público, que ahora carece de eficacia, al atender de manera no estructurada en sus servicios, como amenaza para los usuarios, que se convierten en afectados, cuando repiten por no tratarse en red: exámenes y valoraciones, a su costo económico y biológico. Que debería protegerse sin aplazamientos. (O)