Qué se puede esperar de la Justicia, si jueces, fiscales y funcionarios judiciales hacen su trabajo acosados por el miedo y las amenazas de los grupos de delincuencia organizada.

Haber llegado a semejantes extremos dice mucho de cuanto ocurre en el Ecuador. Una especie de “monstruo” ha estado gestándose quien sabe desde cuándo y con la venía de unos cuantos.

Lo que se intuía o se conocía ha sido confirmado a raíz de la encuesta realizada por el Observatorio de Derechos y Justicia a 149 operadores de justicia en 23 provincias.

El 91 % de los encuestados teme por su seguridad; el 28 % ha tenido dudas antes de resolver un caso por miedo a represalias; el 65 % dijo haber recibido amenazas directas, sea presencialmente o en redes sociales.

Los locales donde laboran tampoco garantizan seguridad. En muchos casos no hay protección policial durante las audiencias.

Los encuestados revelaron que el miedo también lo sienten sus familiares. Mientras salen de sus oficinas rumbo a sus domicilios, o viceversa, los invade el estrés.

El país ha visto con asombro el asesinato de jueces fiscales y funcionarios judiciales y de la Fiscalía a manos del crimen organizado, cuyas amenazas se manifiestan enviándoles animales muertos, flores fúnebres, colocando explosivos en vehículos y hasta con la presencia de sujetos armados en los juzgados.

Varios operadores de justicia, lamentablemente han caído en las redes criminales. Unos han sido juzgados y pagan su condena. Otros son procesados. Unos cuantos más podrían seguir laborando.

Este panorama se agrava, si la Judicatura, el ente encargado de velar por la seguridad y la transparencia, vive su propia pesadilla, uno de cuyos “cucos” es estar dirigido por defensores de narcos.

Una crisis terrible que también afecta a la independencia judicial. Y encima se viene la elección del fiscal general en un proceso oscuro y hasta infantil desde el inicio.