No es un acto de buena fe la suspensión de operaciones mineras en tres provincias –Napo, El Oro y Loja–. Tampoco es una coincidencia el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de reforma a la Ley de Minería, calificado de urgente en materia económica. Es, más bien, un macabro intento de imponer en la sociedad ecuatoriana la mal llamada “minería legal” como única forma de combatir la minería ilegal. Este supuesto “acto de bondad” hacia los pueblos que sufren día a día la contaminación con metales pesados en sus aguas y ecosistemas no es más que un renovado discurso de “greenwashing” –lavado verde– del señor Noboa, de Inés Manzano y de sus voceros oficiales y no oficiales. Usar la tragedia ambiental de estas comunidades para justificar la presencia de empresas mineras es inhumano e inmoral, y revela la desfachatez con que pretenden gobernar un país que consagra en su Constitución los derechos de la naturaleza. Todo esto, mientras el presidente-agente vendedor del territorio nacional recorre el mundo afirmando que Ecuador es “un país confiable para invertir”. Nada dice, sin embargo, del mandato judicial para apagar los mecheros de la Amazonía, de los múltiples derrames petroleros en Esmeraldas, ni de las decisiones populares en Girón, Cuenca e Intag que han rechazado la minería. Tampoco escucha la oposición de la población ni el caudal ensordecedor del Quinto Río, que marcó un rumbo distinto al extractivismo. Merecemos un gobierno que respete la vida, los ríos y la voluntad de sus pueblos. La minería no es progreso: es ecocidio. (O)
