Las políticas de educación superior del Ecuador tienen un defecto heredado desde la vigencia de la Ley de 2010: la concentración, el sobrecontrol, los funcionarios que revisan —y sobre revisan, desde lejitos—, en un andamiaje que asfixia.
Desde el año 2018 la Corte Constitucional ha entregado buenos estándares en materia de educación superior; igualmente, se hizo una reforma a la Ley y a su Reglamento que ha permitido —en amplia medida— liberar, si se quiere, mejorar las posibilidades para que las instituciones puedan florecer, desarrollar la ciencia, la docencia y la vinculación con la sociedad, en un ambiente de autonomía y rigurosidad. Pero no es ni ha sido suficiente.
Para que una universidad del Ecuador pueda ofertar un posgrado, hoy requiere la aprobación del Consejo de Educación Superior y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad (en distintos casos), pero no únicamente aquello. Debe ser una universidad que se encuentre acreditada en el sistema nacional y cumplir con exigencias institucionales, entre otras: infraestructura, bibliotecas, gestión reglada, personal académico a tiempo completo, procesos de permanencia, evaluación académica, tasa de titulación, gestión curricular, modelo educativo o gestión de calidad. Cualificación, revistas, redes y convenios.
El problema no es cumplirlo. Una universidad seria lo hace. No por molde o exigencia, sino por calidad y capacidad de cuidar y transformar. Lo incorrecto —y lo que debería cambiar en el sistema nacional— es que hoy usted encuentra en línea maestrías y doctorados (con nombres rimbombantes) desde cualquier parte del mundo, ofertados por “universidades” o “institutos” que no figuran ni en los rankings nacionales de sus propios países y que, en realidad, parecen agencias publicitarias que no han pasado por un mínimo control, exigencia o determinación símil a la exigida para las del Ecuador. Titulan, hacen publicidad por algoritmos y llegan vía celular.
Lo grave: no tienen campus ni bibliotecas. Menos aún personal estable y probado. Cero evaluación y mejoramiento. Menos acreditación, cualificación o revistas científicas. Tampoco lo mínimo: seriedad. Esa es la oferta actual, y en el Ecuador se reconocen y validan esos títulos engañosos.
Hay que tomar decisiones. Se debe apostar por fortalecer el sistema de educación superior, controlando la oferta desleal y tutelando a los ecuatorianos. Eliminar la hipernormatividad. Permitir la autonomía y dar oxígeno a la oferta nacional y a sus modalidades. Reconocer los títulos externos que sí se deben reconocer. Los otros, no. Hay que depurar. Crear una política de Estado a favor de mejorar la universidad ecuatoriana, no de debilitarla. (O)
@jchalco
