En América Latina, el lobby continúa siendo una palabra incómoda. Se le asocia con opacidad, tráfico de influencias o captura del Estado. Sin embargo, en las democracias contemporáneas, la representación de intereses es una dimensión legítima del proceso deliberativo. La pregunta no es si el lobby debe existir, sino bajo qué reglas opera y a quién rinde cuentas.
Durante la última década, varios países de la región han adoptado registros de lobbistas, códigos de conducta y normas sobre conflictos de interés, incluyendo la regulación de las llamadas -puertas giratorias-. En el plano normativo, el avance es innegable. No obstante, persiste una brecha entre regulación formal y práctica efectiva.
La regulación de las puertas giratorias, por su parte, enfrenta un dilema estructural: equilibrar el derecho al trabajo con la prevención de conflictos de interés. Sin periodos de enfriamiento adecuados y mecanismos de supervisión independientes, la norma pierde fuerza disuasiva.
Para promover la transparencia no se agota con la publicación de datos; exige cultura ética, controles institucionales y ciudadanía vigilante. Sin estos elementos, la regulación corre el riesgo de convertirse en formalismo. Es una oportunidad de tener una herramienta real para fortalecer la confianza democrática. (O)
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