Análisis político

Cada vez son más las voces que opinan de que en Ecuador, en la coyuntura actual, ya no se estaría viviendo un régimen plenamente democrático, sino autoritario o dictatorial; voces que vienen desde diversas posturas ideológico-políticas, pero que tienen en común la preocupación por defender las instituciones y las libertades democráticas.

 Uno de los mayores síntomas de la perdida de democracia en el país se expresaría en el creciente irrespeto e incluso, en algunos casos, en la persecución a dirigentes sociales y políticos críticos al Gobierno. Uno de los últimos casos es la prisión, el traslado a la cárcel “Del encuentro” y el trato denigrante al Alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, a pesar de que su caso judicial recién se encuentra en investigación y, por ende, no ha recibido una condena por culpabilidad. En este caso y en otros, además, se pondría en duda la independencia e imparcialidad de la Fiscalía y de algunos Jueces (a diferencia de Jueces probos que, como Carlos Serrano, en cambio han tenido que salir del país al habérsele quitado la seguridad gubernamental).

Pero esa falta de independencia del órgano Judicial del Estado, no sería sino parte del control que el Gobierno ha asumido sobre los otros órganos del poder estatal, a saber: Asamblea Nacional, CPCCS, Contraloría, CNE, TCE, etc. Gracias precisamente al control de este último órgano electoral acaba de resolverse la suspensión, por nueve meses, como partido político de la llamada “Revolución ciudadana”, con lo que quedaría imposibilitada de participar en las elecciones seccionales de febrero de 2027.  Es decir, no sólo que se incumpliría con la independencia de poderes, que es esencial en un régimen democrático, sino también con otra característica substancial de este régimen: las elecciones libres e igualitarias.

Por otro lado, otros síntomas del debilitamiento de la democracia en Ecuador serían la falta de un respeto pleno a libertades democráticas básicas, como las de expresión (pues no han faltado denuncias de hostigamiento a ciertos periodistas y a medios de comunicación como “Expreso”); y, las reiteradas inobservancias a la Constitución y otras normas legales; amén de inobservancias a los resultados de la consulta popular del 16 de noviembre de 2025. (O)