A más de la supremacía de la Constitución, de la división de poderes, de las decisiones por mayoría (respetando los derechos de las minorías), y del ejercicio de un conjunto de derechos y libertades, otra de las características fundamentales de un régimen democrático es la realización de elecciones libres e igualitarias; si es que estas últimas no se dan las elecciones no formarían parte de un régimen propiamente democrático, sino que podrían ser más bien un instrumento de legitimación de un régimen autoritario e incluso dictatorial. Por esto mismo, elecciones había en las dictaduras fascistas (como las de Hitler y Mussolini), en la dictadura militar de Pinochet, y las hay en regímenes autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela.
Esta introducción conceptual es necesaria pues en la coyuntura electoral, que actualmente vive Ecuador, se podrían en evidencia situaciones que denotarían que las elecciones a efectuarse el próximo 29 de noviembre no tendrían las características de ser tan libres e igualitarias y, por ende, democráticas.
Así se puede destacar una serie de resoluciones tomadas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que estarían coartando la libertad de participación electoral de algunos actores políticos. Entre esas resoluciones, por ejemplo, estarían la suspensión por nueve meses del partido “Revolución ciudadana” (RC) y, recientemente, también la suspensión del partido “Amigo”, con cual pretendían habilitar su participación los candidatos de la RC; además de que hace unos días el Partido “Reto”, cercano a la RC, fue tomado por personajes cercanos al Gobierno. Se tratan de resoluciones del TCE tomadas por petición del Fiscal General (por supuestas “investigaciones reservadas”); Fiscal que, según una afirmación reciente del ex Presidente Oswaldo Hurtado, estaría actuando bajo órdenes del actual Presidente.
También se han mencionado, como atentados para unas elecciones libres, situaciones como el acoso o la persecución que se daría contra ciertas figuras políticas o autoridades locales que han mantenido una alta popularidad, y que pertenecen a partidos opositores al Gobierno o simplemente no asoman como sumisas a este; situaciones para las cuales también se contaría con la participación de la Fiscalía. (O)




