El escenario social está conformado por ámbitos donde los intereses de toda la comunidad son el objetivo (lo público) y por espacios donde lo individual o lo asociativo constituyen el fin (lo privado). Esta clasificación tradicional se refleja en el ordenamiento jurídico: el derecho público regula la estructura del Estado frente al ciudadano (constitucional y administrativo), junto a sus esferas de sanción, procedimiento y relación exterior (penal, procesal, internacional y tributario); en tanto, el derecho privado norma el ámbito particular (civil, mercantil e internacional privado). Hoy ambas esferas se interrelacionan mediante delegaciones y servicios mixtos que desafían la división clásica.
Sociológicamente, la esfera colectiva va más allá de la burocracia estatal: es el espacio común donde convergen la ciudadanía, los entornos urbanos y el debate colectivo. Es el gran escenario de la convivencia social y debe ser la matriz cuidada con esmero institucional y comunitario para que la justicia y el bienestar sean viables. Desatender este entorno compromete directamente la democracia y el destino de las naciones.
En Ecuador, pese a que la Constitución consagra la universalidad de los derechos bajo un enfoque del buen vivir, la gestión estatal ha sido históricamente precarizada y degradada. Como consecuencia, las instituciones incumplen su propósito. La educación, la salud y la seguridad sufren de corrupción e ineficiencia, lo que obliga a la población a volcarse a un mercado corporativo costoso y excluyente. Incluso en el transporte, la delegación a operadores privados precarizados contrasta con las pocas infraestructuras gubernamentales eficientes, profundizando la desigualdad sistémica para las mayorías que quedan excluidas de derechos esenciales de calidad.
A nivel internacional, los países europeos —particularmente los nórdicos— han apostado por el bienestar universal como motor de desarrollo. En América Latina, Uruguay se distingue por su matriz de protección estatal y Chile por su alta eficiencia técnica fiscal; por el contrario, nuestro país se caracteriza por el menosprecio de sus servicios institucionales, lo que potencia directamente canales privados de provisión en detrimento de la economía popular y de los sectores más vulnerables. Que el sector empresarial crezca es necesario; sin embargo, rescatar la dignidad y la atención de lo común es una obligación moral urgente para que la construcción de un futuro social e institucional sostenible sea viable y no, como hasta ahora, un mero recurso de la demagogia. (O)
