Durante años, buena parte de la comunidad internacional toleró que gobiernos de escasa apertura democrática organizaran elecciones manipuladas para guardar las apariencias. Pero cuando un régimen renuncia incluso a esa ficción, el sistema muestra su verdadero ser. Lo que ocurre en Managua marca un punto de quiebre donde desaparece toda posibilidad de alternancia democrática.
Desde el retorno de Ortega al poder en el 2007, el país ha vivido un paulatino desmantelamiento institucional. Las recientes declaraciones del régimen de que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones para disputar el poder, seguidas del impulso de reformas para impedir el regreso de la oposición, representan el cierre del pluralismo político.
Detrás de este blindaje hay una historia de abusos acumulados: opositores encarcelados, la persecución a figuras históricas como la familia Chamorro, el despojo masivo de la nacionalidad a disidentes, la embestida contra la Iglesia católica (sacerdotes expulsados y encarcelados) y más del 10% de la población obligada a abandonar el país.
El modelo evoluciona hacia una estructura cercana a un sistema de partido único, orientada a consolidar una dinastía familiar. Las reformas planteadas, que amplían el período presidencial y permiten la reelección, más la copresidencia y la presencia de los hijos del matrimonio gobernante en puestos estatales, refuerzan un poder gestionado como una herencia patrimonial. Si la respuesta internacional se limita a condenas sin consecuencias, se habrá demostrado que el autoritarismo puede prescindir incluso de las elecciones sin enfrentar costos significativos. (O)