En Ecuador, el aborto consentido sigue tipificado como delito. Aunque existen causales legales por violación y riesgo para la vida o la salud, la amenaza penal atraviesa los hospitales, siembra miedo en quienes necesitan atención y en quienes deben brindarla. Un derecho condicionado por el estigma y la criminalización no es una garantía real.

Esta injusticia se agrava cuando el sistema público de salud carece de medicamentos y respuestas oportunas. Las demoras, los requisitos indebidos y el maltrato cierran la puerta incluso a quienes cumplen las causales legales. Para una niña sobreviviente de violación, cada espera prolonga la violencia. Para una mujer pobre, acudir al hospital no debería significar exponerse a una denuncia.

La violencia sexual, el control criminal de los territorios y el abandono estatal golpean con más fuerza a mujeres y niñas pobres, rurales, indígenas y afrodescendientes. Que el aborto sea un delito no evita que ocurra, por el contrario, profundiza las desigualdades y obliga a buscar apoyo fuera de un sistema que debería cuidarlas.

Eliminar el delito de aborto del Código Penal es una exigencia de justicia. Implica dejar de castigar decisiones sobre nuestros cuerpos y asegurar atención gratuita, segura y sin prejuicios. Las redes feministas acompañan; el Estado debe garantizar el derecho a decidir. Justa Libertad es que el aborto deje de ser un delito. (O)

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