En una democracia, influir en las decisiones públicas no es necesariamente ilegítimo. Empresas, gremios, organizaciones sociales, universidades y ciudadanos tienen derecho a presentar argumentos y defender intereses. El problema surge cuando esa influencia permanece invisible. Ecuador necesita reglas claras para transparentar la gestión de intereses y fortalecer la integridad pública.
Una legislación moderna debería permitir conocer quién se reúne con una autoridad, a nombre de quién actúa, qué decisión busca influir y qué materias fueron tratadas. También debería establecer registros públicos, agendas abiertas, mecanismos de prevención de conflictos de interés y reglas sobre las llamadas -puertas giratorias-.
No se trata de criminalizar el diálogo entre el Estado y la sociedad, sino de distinguir la representación legítima de intereses de la influencia indebida. La transparencia protege tanto al ciudadano como al servidor público. La OCDE ha advertido que Ecuador todavía presenta una brecha importante entre sus normas de integridad y su aplicación práctica. Por ello, el desafío no consiste únicamente en aprobar nuevas disposiciones, sino en construir mecanismos verificables, accesibles y efectivos.
La integridad pública no puede depender solamente de la ética personal de quien ejerce el poder. Debe estar respaldada por instituciones, procedimientos y transparencia. Cuando sabemos quién intenta influir, sobre qué decisión y con qué intereses, la democracia gana confianza y el poder público gana legitimidad. (O)
X: @monicabanegasc
