Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, como parte del enlace que realiza cada domingo a través de redes sociales, respondió a la propuesta hecha por Daniel Noboa, presidente del Ecuador.
Noboa, el viernes 12 de septiembre, pidió al Municipio de Cuenca y a la Prefectura de Azuay que den sus informes técnicos sobre riesgos de contaminación en el proyecto minero Loma Larga.
Asimismo, advirtió que, en caso de una denuncia internacional por parte de Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador, encargada de esta concesión minera, serán estas dos instituciones las que deban responder y sustentar sus informes.
Y es que tanto la municipalidad como la prefectura cuentan con documentos técnicos que advierten sobre el peligro de contaminación de fuentes hídricas debido a la extracción de metales, especialmente oro, en la zona de Quimsacocha.
Zamora indicó que, en primer lugar, ve como positivo que el Gobierno Nacional escuche el clamor ciudadano, el cual tiene un sustento técnico: los informes de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP) y de universidades.
Señaló, además, que recibió una llamada de Inés Manzano, titular del Ministerio de Energía y Minas, lo que también consideró positivo, ya que permite un intercambio de criterios sobre este tema.
“Hay un particular en el que no coincido totalmente con el presidente, pues dijo que es competencia del Estado central tratar los temas de minería…”. Esto consta en el artículo 226 de la Constitución del Ecuador.
En el artículo 317 de la Carta Magna también se establece que el Estado central tiene la responsabilidad de conservar la naturaleza y de reducir los impactos ambientales.
Además, citó el artículo 4 de la Ley de Minería, que señala que es atribución y deber del presidente la definición y dirección de la política minera del Estado, en coordinación con los gobiernos seccionales.
El artículo 7 de este cuerpo legal dispone que el Estado debe evaluar las políticas, planes y proyectos para el desarrollo, administración y gestión del sector minero, así como otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros.
Zamora anunció que apoyará a Manzano con argumentos técnicos y científicos para que el Estado revoque la licencia ambiental que entregó en junio de 2025 a la empresa minera para la fase de explotación.
“Nosotros no podemos tomar ninguna decisión ni hacernos cargo. Yo le planteo muy comedidamente al presidente que, en lo que deberíamos unirnos, es en demostrar más fehacientemente cómo la minera mintió en sus estudios ambientales…”. (I)
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