La Marcha por el Agua en Cuenca reunió a miles de personas que se manifestaron en rechazo a la minería en Loma Larga, antes conocido como Quimsacocha, ubicado entre los cantones Cuenca y San Fernando, en Azuay.
En la jornada quedaron al margen las diferencias políticas y partidistas. Ciudadanos, colectivos sociales, organizaciones e instituciones coincidieron en un mismo objetivo: proteger el agua.
A la convocatoria asistieron no solo habitantes de Cuenca, sino también de cantones vecinos e incluso de otras provincias, lo que reflejó que la defensa de este recurso trasciende límites locales y convoca a un frente común.
La movilización envió un mensaje inequívoco al Gobierno Nacional y al país: la preservación del agua constituye una prioridad ciudadana, y cualquier iniciativa que la ponga en riesgo será objeto de seguimiento y control riguroso.
FOA
Yaku Pérez, uno de los impulsores de la marcha, expresó su satisfacción por la acogida que tuvo. “Valió la pena los 30 años de resistencia… No nos entendían, nos decían que éramos unos ecologistas infantiles…”.
Añadió: “en estos 30 años esas gotitas se han multiplicado, se han hecho quebradas, se han hecho riachuelos, se han hecho ríos y hoy el quinto río, que se desbordó”.
Pérez señaló que también participaron habitantes de la Amazonía y del Departamento de Cajamarca, en Perú, donde se perdieron 30 lagunas por el proyecto Yanacocha.
Durante el recorrido la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA) entregó un documento en la Corte de Justicia de Azuay para Carlos Cárdenas, juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca.
Cárdenas es quien debe resolver si continúa o no Loma Larga. En agosto de 2023 dispuso cuatro medidas de reparación antes de emitir sentencia definitiva sobre este proyecto.
Dictamen
La primera: un informe del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) sobre el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, que tiene unas 3.217 hectáreas (ha).
La segunda: un informe ambiental conjunto entre el MAATE y la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP), del Municipio de Cuenca.
La tercera: una consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena de Escaleras. Y la cuarta: una consulta ambiental a toda el área de influencia del proyecto.
Estas disposiciones debían cumplirse antes de decidir sobre la concesión, cuyo titular es Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador, de Canadá. La sentencia aún no se ha dictada.
En junio de 2025, el MAATE, máxima autoridad ambiental del Estado, entregó la licencia para la fase de explotación de Loma Larga, lo que generó rechazo generalizado y críticas.
La FOA solicitó al juez declarar el incumplimiento del ministerio, aplicar sanciones a los responsables y anular la licencia ambiental porque se la considera ilegal.
Alcalde
Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, quien también asistió, afirmó que la marcha no fue contra alguien, sino a favor del agua y la defensa de la naturaleza y de la vida.
“Es una marcha a favor de la vida, porque mañana lo que cueste el oro o el barril de petróleo va a ser mucho menos que conseguir agua pura para poder vivir, para poder tener alimentos”.
El alcalde agradeció al presidente del Ecuador Daniel Noboa por su apertura y señaló que esperan se concrete la reversión de la licencia ambiental otorgada a Loma Larga.
Precisó que decidir sobre esta concesión no es competencia del Municipio de Cuenca ni de la Prefectura del Azuay, sino del Estado, representado en este caso por el Ejecutivo.
Añadió que la municipalidad aportará con insumos técnicos para demostrar, con base en evidencias científicas, que DPM Ecuador falseó estudios de impacto ambiental.
Anunció además que pedirá la intervención de la Unesco para que haga evaluaciones técnicas.
Explicó que el Parque Nacional Cajas (PNC) forma parte del Macizo de la Biosfera del Cajas, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en mayo de 2013.
Subrayó que las marchas pacíficas son un derecho constitucional, que no puede ser limitado por la declaratoria de estado de excepción emitida ayer por el primer mandatario.
Prefecto
Por otra parte Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, definió la movilización como “un quinto río de Cuenca desbordado” e insistió en que se revoque la licencia ambiental de Loma Larga.
“Los intereses de los azuayos están sobre los individuales y con firmeza hay que decir que hay que revocar la licencia y garantizar el agua para nuestra Cuenca…”, expresó.
Recordó que la Constitución del Ecuador y las leyes en esta área señalan que el Estado es el responsable de la gestión minera y no los gobiernos seccionales como municipios o prefecturas.
“El Código Orgánico del Ambiente y la Ley de Minería dicen con claridad que el gobierno central es responsable de los actos administrativos en sectores estratégicos como la minería…”, insistió.
Añadió: “independientemente de eso, nosotros no evadimos responsabilidades y si es necesario fortalecer con informes técnicos lo haremos, porque hay que actuar como Estado frente a los intereses de la mayoría”.
CONAIE
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien también participó, resaltó que esta movilización es un ejemplo para el resto del país.
“Estamos para acompañar este proceso de lucha histórica de esta provincia, que sale a las calles a reclamar, a defender su agua, que es vida para las futuras generaciones…”.
Informó que el Consejo de Gobierno de la Conaie convocó a una asamblea para este jueves, 18 de septiembre, con el fin de tomar decisiones sobre la política del Gobierno Nacional.
Cuestionó los acuerdos entre un sector del transporte y el Ejecutivo, pues recordó que lo mismo sucedió en 2019 y en 2022. “Siempre han negociado y por eso no dependemos de ellos”.
Sobre el estado de excepción advirtió que también se repitió en 2019 y 2022, pero no pudo frenar la protesta social, a pesar de la represión que ejercieron las fuerzas del orden.
Estudio
La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (SOT) informó que inició investigaciones para la evaluación técnica y jurídica de la información catastral del proyecto Loma Larga.
La SOT precisó que también analizará la compatibilidad de usos de suelo respecto a los permitidos, restringidos o prohibidos, y su relación con la clasificación en el sector.
“Con base en la información registrada en las plataformas de esta Superintendencia, el predio Nro. 0101710300005 se encontraría en suelo rural de protección…”, señaló en un comunicado.
Detalló además que este espacio está “dentro del Polígono de Intervención Territorial (PIT) denominado Área de interés hídrico, con tratamiento de conservación y uso general de protección ecológica”.
La SOT subrayó que, mediante los mecanismos técnicos y jurídicos establecidos y en estricto apego al debido proceso, precautela que toda actuación en torno al suelo se ajuste al marco legal y responda al interés general.
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