La familia de Joffre Edmundo Segarra Pesántez aún clama justicia por su asesinato. Este 25 de octubre se cumplen 36 años de su crimen, que conmocionó a Cuenca y dejó una serie de dudas.
Segarra era funcionario de la Dirección Provincial de Educación del Azuay. Había denunciado una serie de irregularidades cometidas en esta institución. Su familia cree que por eso lo asesinaron.
Contaron que Segarra viajó a Quito para hacer un curso y retornó como encargado de revisar el subsidio de antigüedad, al que tenían derecho los empleados del sector educativo.
Según la ley vigente en ese entonces, para recibir esta compensación los empleados debían cumplir de forma obligatoria un horario de ocho horas diarias.
Joffre Segarra descubrió corrupción
Segarra descubrió que había personas que no cumplían con ese requisito y, aun así, se beneficiaban del subsidio, establecido en la Ley y Reglamento de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Esto fue denunciado ante la Dirección Provincial de Educación, lo que motivó a que cinco altos funcionarios, entre ellos doctores y psicólogos, tuvieran que devolver los valores cobrados de forma ilegal.
Luego de esto, Segarra comenzó a recibir amenazas de muerte mediante llamadas anónimas. Días después apareció muerto en el sector del Tenis Club: fue asfixiado y luego lanzado al río. (I)
