La Contraloría General del Estado (CGE) identificó indicios de responsabilidad penal y recomendó establecer responsabilidades civiles y administrativas por más de USD 5,5 millones en el contrato para la instalación de radares de velocidad en Cuenca.
El contrato fue suscrito el 8 de febrero de 2022 por la Empresa Pública Municipal de Movilidad (EMOV EP), del Municipio de Cuenca, para la implementación de 32 fotorradares, durante la administración del entonces alcalde Pedro Palacios. La adjudicación recayó en el Consorcio Móvil Technology Ecuador, que participó como aliado estratégico para la ejecución del proyecto tecnológico.
La contratación formó parte del proyecto denominado “Implementación de una Plataforma Integral de Gestión, Control y Sanción de Infracciones de Tránsito a través de Equipos Tecnológicos”.
Terminación del contrato
El 25 de agosto de 2023, ya durante la administración de Cristian Zamora como alcalde de Cuenca, la EMOV EP y el Consorcio Móvil Technology Ecuador suscribieron un acuerdo de terminación por mutuo acuerdo del contrato. La finalización de este convenio fue uno de los ofrecimientos de Zamora durante su campaña electoral. En ese entonces, Zamora se desempeñaba como concejal y mantuvo una postura crítica frente a este proceso contractual.
La CGE informó que el examen especial comprendió el período entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2025. Como resultado, sugirió sanciones administrativas por USD 73.050 y responsabilidades civiles por USD 5.486.799,02.
El organismo de control evidenció que los dispositivos comenzaron a operar con un retraso de 143 días, situación atribuida a la falta de control por parte de los administradores del contrato.
Irregularidades detectadas
Además, la Contraloría identificó irregularidades durante la fase de implementación que no fueron comunicadas al contratista, relacionadas con la inspección de 32 dispositivos instalados en 16 puntos urbanos de la ciudad. Estas omisiones impidieron la aplicación de multas al contratista, como lo establecen los procedimientos de contratación pública en casos de incumplimiento contractual.
Asimismo, se determinaron incumplimientos en la homologación de las funcionalidades de los dispositivos, lo que impidió verificar que cumplieran con los parámetros técnicos establecidos en el objeto contractual.
Según el informe, la terminación del contrato por mutuo acuerdo se efectuó sin que se demuestre su conveniencia para los intereses institucionales de la EMOV EP. Adicionalmente, se detectó que el reparto de la cartera pendiente de cobro careció de sustento técnico, al no considerar estadísticas reales de recaudación, lo que afectó el cobro de infracciones en trámite.
Perjuicio económico
De acuerdo con la CGE, esta situación generó un perjuicio económico para la entidad contratante por valores no recuperados que ascienden a USD 4.887.856,81. También se identificaron deficiencias en la transferencia de información tras la terminación del contrato, así como inconsistencias en los registros de infracciones de tránsito durante el período de operación del sistema.
El informe concluye que la EMOV EP recurrió al endeudamiento público para financiar obligaciones de pago con el aliado estratégico sin contar con estudios que sustenten esta decisión, lo que derivó en una deuda de USD 3.000.000. Para la Contraloría, este endeudamiento se asumió sin un análisis previo de conveniencia, sostenibilidad ni impacto financiero, generando intereses por USD 444.772,90 entre septiembre de 2023 y junio de 2025, para un total de USD 3.444.772,90.
Reacciones
Tras conocerse el informe, el alcalde Cristian Zamora señaló que los resultados del examen respaldan las observaciones que realizó al contrato cuando se desempeñaba como concejal del cantón. El burgomaestre afirmó que el informe evidencia deficiencias en el proceso de contratación y en la homologación de los equipos instalados para el control de velocidad. Anunció que el Municipio impugnará las observaciones relacionadas con la terminación por mutuo acuerdo, al considerar que esta decisión buscó proteger los intereses de la ciudadanía.
Por su parte, el exalcalde de Cuenca, Pedro Palacios, reaccionó mediante un video al informe publicado por la Contraloría General del Estado. Señaló que el contrato entre la EMOV EP y el Consorcio Móvil Technology Ecuador ya fue auditado hace más de cuatro años.
“En el contrato no se encontró ninguna cosa extraña; algunas observaciones que siempre se dan, recomendaciones que siempre se hacen, pero no se detectó ninguna irregularidad”, enfatizó. Agregó que “efectivamente se habla de algunos temas administrativos de nuestra administración y quienes tengan que responder, responderán”.
Finalmente, Palacios cuestionó la terminación del contrato por mutuo acuerdo, al considerar que esta decisión tendría vicios, pues —según indicó— no se sustentó su viabilidad, factibilidad ni el beneficio para la administración municipal. (I)
