El sistema de salud está fracturado. Los resultados del Informe de Calidad de Vida y la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cuenca Cómo Vamos 2025 dibujan una realidad marcada por la desprotección sanitaria, la insatisfacción con el servicio público y una creciente dependencia de la salud privada, pese a su alto costo.

Uno de los datos del informe es que el 60,3 % de la población encuestada no cuenta con ningún tipo de seguro médico.

Apenas el 29 % dispone de cobertura pública, el 7,3 % tiene únicamente seguro privado y solo el 3,5 % accede a una doble cobertura.

Para Lauro López, expresidente del Colegio de Médicos del Azuay, estas cifras reflejan que el trabajo formal no pasa del 30 % y eso se traduce en la afiliación al seguro social.

“Si sumamos la seguridad pública y privada, no llegamos ni al 40 %. Quienes están amparados bajo un seguro son una minoría, y esto echa por tierra el ideal del seguro universal de salud en nuestro contexto», aseguró.

La encuesta confirma que el acceso a la atención médica aún depende, en gran medida, del empleo formal y de la capacidad económica, dejando fuera a una mayoría que sobrevive en la informalidad que supera el 50 %.

Insatisfacción

Las cifras también revelan que, entre los afiliados a la seguridad pública, el 52,5 % no utilizó su seguro en el último año.

Lejos de interpretarse como un indicador de buena salud, los expertos lo consideran una señal de desconfianza y de barreras de acceso.

“Muchos asegurados no acudimos al IESS no porque no lo necesitemos, sino porque conseguir un turno o una medicina es prácticamente inaccesible.

La gente termina haciendo sacrificios económicos para ir al sector privado, aun cuando el sistema público tiene la obligación de atenderla”, indicó López.

La percepción ciudadana sobre el sistema público muestra que un 72,3 % de los usuarios se declara nada o poco satisfecho, mientras que solo uno de cada diez afirma estar muy satisfecho. La insatisfacción es más alta entre las mujeres.

Fernando Figueroa, médico emergenciólogo jubilado del Hospital Vicente Corral Moscoso, advierte que el problema no radica en el personal médico.

“No es una falle de los médicos ni de la medicina. Es la falta de insumos, equipos obsoletos y una sobresaturación bárbara de pacientes. Los médicos absorbemos esas falencias, pero al final quien paga es el paciente”, afirmó.

Falta de medicinas y turnos: cuello de botella

Al identificar los mayores problemas del sistema público, los encuestados se concentran en dos factores:

• Falta o escasez de medicinas (45,4 %)
• Falta de turnos y citas médicas (35,2 %)
• Corrupción aparece con 5,9 %.

Para Edison Moscoso, abogado constitucionalista y miembro del Observatorio Ciudadano de Salud del Azuay, esta percepción es comprensible.

“Para el ciudadano, el problema no es abstracto. Es no tener medicamentos hoy, no conseguir una cita hoy. Eso es lo que le duele”, indicó.

Sin embargo, Moscoso advierte que la «corrupción transversal y la mala gestión administrativa» son el origen del problema.

“Corrupción no es solo robar. También es no planificar, no gestionar, no actualizar cuadros de medicamentos ni especialidades. Eso mata lentamente al sistema”, aseveró.

Aunque el costo directo de la atención pública no figura como una preocupación mayor, los expertos coinciden en que la gratuidad es, en muchos casos, solo nominal. “Si el paciente debe comprar medicamentos o pagar una cirugía en el sector privado, no existe gratuidad. Es gratuidad en el papel”, sostiene López.

El refugio privado: alta satisfacción, alto costo

El contraste con la salud privada es marcado. El 85,7 % de los usuarios está satisfecho con este servicio.

Sin embargo, el 65,5 % señala el alto precio como su principal problema, una percepción compartida incluso por los niveles socioeconómicos altos y medios.

“En Cuenca hay centros privados de altísima calidad, pero los precios son elevados y la economía no está boyante. La medicina privada termina siendo efectiva, pero elitista, excluyente”, dijo López.

Moscoso advierte que el Estado incumple el mandato constitucional al no garantizar el acceso a la salud.

Se configura esta dinámica: el sistema público expulsa a los usuarios por su ineficiencia, mientras que el privado los recibe con rapidez, pero a un costo que muchos no pueden sostener.

“Presumiblemente, lo público se esté debilitando deliberadamente para abrirle espacio a lo privado. No parece algo al azar: no se planifica, no se gestiona y no se invierte de manera adecuada. Hay que tener mucho cuidado con una eventual privatización de la salud”, alertó Moscoso.

¿Hacia dónde va la salud en Cuenca?

Los especialistas coinciden en que, si no hay cambios estructurales, el diagnóstico no mejorará.

Corrupción, falta de planificación, inestabilidad de las autoridades hospitalarias y ausencia de una política de Estado han llevado al sistema a un punto crítico.

“No se trata solo de asignar más recursos. Hay mafias enquistadas en el sector público con gente inescrupulosa. Inyectar dinero sin depurar el sistema es poner recursos en saco roto”, advirtió Figueroa.

“La salud ecuatoriana está enferma de muerte”, concluyó Moscoso, quien insiste en la necesidad de designar autoridades con capacidad técnica, solvencia ética y transparencia para una gestión pública eficiente del sistema de salud. (I)

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