Una presunta red de concusión se investiga al interior de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en la provincia de Azuay. Por ahora, al menos cuatro vigilantes están involucrados y bajo indagación de la Fiscalía.
La supuesta trama ilegal dentro de la CTE consiste, según la denuncia, en que un grupo de agentes pide dinero a sus colegas en un chat de WhatsApp, bajo la amenaza de colocarlos en situaciones laborales no relacionadas con la vigilancia vial.
Los agentes solicitaban cantidades de dinero que oscilaban entre los 10 y los 80 dólares, según consta en chats recientes publicados por el denunciante, y los usaban para asuntos personales como alimentación (“cuy” según se extrae del chat), viajes, vacaciones u otras actividades.
Según reveló el acusador, se estima que, en solo dos meses, un grupo de agentes que laboran en Azuay entregó la cifra de 600 dólares cada uno
¿Cómo se sabe esto? Gracias a que un vigilante de la CTE denunció ante la Fiscalía y reveló el chat utilizado para exhibir a “los deudores”, y en donde, además, se registraban los pagos que los agentes hacían a sus colegas.
No obstante, aún no existe una cantidad exacta de los presuntos sobornos recibidos, ya que la investigación aún no ha llegado a su término.
La primera denuncia formal llegó a la Fiscalía el 13 de noviembre de 2025 por el presunto delito de concusión. En ella, el agente afectado puso en evidencia que Erick Trajano O. C., jefe del Grupo de Control de Tránsito (GCOT) de la CTE de Azuay, comenzó a cobrarle por pertenecer al mismo.
“Me pedía cantidades exageradas y me amenazaba con dejarme en el reten o mandarme de custodia de cualquier autoridad que llegara a la ciudad, y, en el peor de los casos, cambiarme de área si no accedía a sus exigencias”, se detalla en la denuncia.
De acuerdo con el afectado, por no hacer caso a las solicitudes y notificar las irregularidades a las autoridades institucionales, el jefe de GCOT-Azuay solicitó su cambio.
Así se presume que operaban
La acusación que llegó a manos de la Fiscalía detalla que Erick Trajano O. C. preguntaba en el grupo de WhatsApp “quiénes eran los deudores”, y el subalterno Segundo Orlando G. J. publicaba la lista con los nombres de las personas que debían el dinero y los castigos que recibirían.
En ciertos casos, según se reveló, se los enviaba a custodiar a algún ministro que visitaba la ciudad, a sabiendas de que los agentes “castigados” desconocían la localidad.
El mismo agente de tránsito Segundo Orlando G. J., como subalterno, era el encargado de recibir el dinero solicitado por Erick Trajano O. C. Y el subalterno pasaba los “informes” de quienes no cancelaban la cuota.
Los pagos se entregaban al agente Segundo Orlando G. J. o a “la cuenta de ahorros del agente Cristiam Alberto I. G. y otras cuentas de ‘otros compañeros’” (aunque no se especifica nombres o cuántos más).
El denunciante confirmó que realizó dos transferencias que remitió a la cuenta de su compañero Cristiam Alberto I. G. por montos de 70 y 85 dólares, además de otros valores que le pidieron de manera personal.
Los depósitos
Los depósitos corresponden al 3 de octubre y al 1 de noviembre de 2025, respectivamente, a nombre de dicho agente de tránsito.
Una de las ocasiones en que los presuntos agentes corruptos pidieron dinero especificaron que había “un nuevo descuento de 210 dólares y que el personal debía pagar 24 dólares cada uno”.
Aquel momento, incluso se entregó un número de cuenta. Tras una revisión actualizada de a quién pertenece este número de cuenta, Diario El Mercurio observó que no pertenece a los hasta ahora implicados, pero sí a nombre de Orlando Zinedine G. G.
Luego de la denuncia interpuesta por el vigilante de tránsito, la agente fiscal encargada del caso solicitó a la Policía Judicial del Azuay la delegación del agente investigador para que inicie con las indagaciones pertinentes el 19 de noviembre de 2025. El plazo que tenía para cumplir la diligencia fue de 30 días.
Chats de WhatsApp
Las capturas extraídas del chat “Grupo de transporte…” de los agentes de tránsito de la CTE de Azuay destapan conversaciones aparentemente comprometedoras en las que se exigen pagos, se pasan comprobantes bancarios, se piden nombres de “los deudores” y “recomiendan” cumplir con pagos para evitar castigos.
Los comprobantes de pagos exhibidos en el chat corresponden al 1, 3 y 5 de noviembre de 2025, entre ellos una expuesta por un ciudadano al que se aplicó la prueba de alcoholemia y quien denunció concusión durante el operativo ‘Ebrio’ en El Descanso el sábado 1 de noviembre de 2025.
De hecho, una de las transferencias está a nombre de uno de los agentes de tránsito.
Por otro lado, las cuentas más comunes en las que se deposita el dinero y cuyos comprobantes se pasan al grupo de WhatsApp constan a nombre de José Ricardo Ch. J. y Cristiam Alberto I.G.
“Sobornos”
Con fecha 7 de noviembre de 2025, Hugo Gómez, director de la CTE, en Azuay, recibió en su despacho una denuncia ciudadana sobre un presunto caso de concusión por parte de agentes de la CTE.
El ciudadano afectado informó que el 1 de noviembre de 2025, en el operativo denominado ‘Ebrio’, a la altura de El Descanso y al mando del agente Segundo Orlando G. J., el mismo acusado de pedir dinero a los agentes de la CTE que laboran en Azuay, se le pidió que detuviera la marcha de su vehículo y que se orillara a un costado de la vía.
Tras aplicarle la prueba de alcoholemia, los agentes le informaron que marcó 0,23 g/l (gramos de licor por litro de sangre). “Luego, me hicieron bajar del vehículo y uno de los agentes me dijo: cómo arreglamos”, se detalla en la denuncia presentada al director provincial de la CTE.
El relato continúa señalando que los agentes explicaron que la multa por obtener este resultado en la prueba era de 500 dólares, que el propietario del vehículo debía presentarse para retirarlo y que debía cumplir 15 días de detención.
Para evitar este procedimiento, dijo la víctima, le solicitaron 470 dólares. Él no contaba con esa suma, por lo que los agentes redujeron la suma a 350 dólares.
Al no tener el dinero en efectivo, los vigilantes le solicitaron que hiciera una transferencia, pero a nombre de una mujer y que colocara como concepto del pago la letra “P”.
Este pago, según consta en el comprobante de transferencia, se hizo a las 23:57. Al revisar la información del número de cuenta al que se realizó el pago, esta pertenecía a la madre de José Ricardo Ch. J., uno de los agentes de la CTE que labora en Azuay.
Esta misma denuncia se extendió a Hugo Quintana Jederman, Director Ejecutivo de la CTE, el 17 de noviembre de 2025. La denuncia se amplió con las presuntas irregularidades de sobornos a los vigilantes de tránsito y otro posible mal procedimiento que se relata a continuación.
Presunta irregularidad en procedimiento de furgoneta
El 1 de noviembre de 2025, el agente denuncian- te de estos hechos irregulares también presentó un informe a William Martínez Jaramillo, jefe provincial del Azuay de la CTE, en el que revelaba otro evento suscitado, esta vez en la vía Cuenca-Loja, en el sector del cantón Nabón.
A las 12:00 de aquel sábado, luego de ejecutar un operativo de control en el punto señalado y retornar a Cuenca, el denunciante contó que el conductor de la patrulla en la que él volvía recibió una llamada de Segundo Orlando G. J., quien iba a bordo de otra patrulla.
Este le ordenó que procediera a detener a una furgoneta de servicio escolar unos 500 metros antes de llegar al redondel de Cumbe.
Una vez retenido el automotor, al lugar arribó la patrulla con Segundo Orlando G. J., quien procedió a señalar al conductor de esta, que tomaría procedimiento por aparentemente brindar un servicio diferente al que está autorizado.
En ese momento, Segundo Orlan- do G. J. estaba a cargo del GCOT-Azuay, ya que Erick Trajano O. C. gozaba de sus vacaciones.
“Denuncia malintencionada”
Pablo Astudillo, abogado defensor de uno de los agentes acusados de presuntamente cometer el delito de concusión en Azuay, explicó en una entrevista con diario El Mercurio que el chat en cuestión fue creado con el propósito de coordinar los pagos relacionados con el alojamiento de los agentes.
Según el abogado, los agentes civiles de la CTE no cuentan con una residencia proporcionada por la institución, por lo que cada uno debe gestionar su propio alojamiento.
En este caso, un grupo de diez agentes decidió vivir en una sola vivienda y, para cubrir los costos, acordaron dividir los gastos, los cuales, según Astudillo, fueron compartidos en el chat que fue revelado por el agente denunciante.
El abogado señaló que el denunciante había aceptado previamente las condiciones acordadas entre los compañeros. Por ello, calificó la denuncia como “malintencionada”, ya que en su opinión se trató de un acuerdo en el que todos participaron y estuvieron de acuerdo.
Los gastos cubiertos por cada agente incluían el alquiler de la vivienda y los ser- vicios básicos, los cuales variaban dependiendo de los horarios de cada uno, según explicó el defensor.
En cuanto a la denuncia contra el agente por un presunto mal procedimiento en relación con un propietario de una furgoneta de servicio de transporte escolar, ocurrida el 1 de noviembre de 2025, Astudillo aseguró que su defendido le indicó que, tras la investigación realizada por Asuntos Internos de la CTE, los resultados fueron favorables para él y que fue excluido de cualquier responsabilidad.
“Conflictos internos entre uniformados”
Hugo Gómez, director provincial en Azuay de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), explicó que la denuncia surge a raíz de «conflictos internos entre los propios uniformados».
Dado que la investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado, la CTE ha decidido no intervenir por el momento, a fin de no interferir en el proceso hasta que se clarifiquen las responsabilidades.
No obstante, Gómez aseguró que la CTE de Azuay “se compromete a proporcionar toda la documentación necesaria que se requiera para el desarrollo de la investigación, res- petando en todo momento la fase actual del proceso”.
En relación al presunto caso de extorsión ocurrido en El Descanso, donde supuestamente agentes de tránsito solicitaron 350 dólares a un ciudadano, el director indicó que él mismo elaboró el informe correspondiente y adjuntó la documentación pertinente.
El expediente fue enviado al departamento de Asuntos Internos en Guayaquil, que se encarga de las investigaciones administrativas del personal involucrado.
Sin embargo, Gómez señaló que, hasta la tarde de ayer, no había recibido ninguna resolución o notificación oficial sobre el progreso o los resultados de la investigación.
El funcionario recordó a la ciudadanía y a los medios de comunicación la importancia de estar atentos a estos procesos para asegurar una acción efectiva, y les instó a denunciar cualquier irregularidad relacionada con los agentes.
Asimismo, aclaró que, como autoridad administrativa, no tiene injerencia en los tiempos ni en decisiones del sistema de justicia ordinaria.
En 2024 hubo un sancionado
El 10 de septiembre de 2024, el agente de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), George de Jesús Z., fue condenado a cinco años de privación de libertad por el delito de concusión, cometido en la provincia de Azuay.
Según la acusación, el agente solicitó dinero a cambio de liberar a un conductor detenido tras un accidente ocurrido el 21 de enero de 2024, en el que colisionaron una camioneta y un automóvil en El Carmen de Bullcay, en la vía a Gualaceo.
El delito de concusión está tipificado en el artículo 281 del Código Integral Penal (COIP), el cual establece penas privativas de libertad de tres a cinco años.
En casos en los que se empleen violencia o amenazas, los servidores públicos que incurran en esta conducta serán sancionados con una pena privativa de libertad de cinco a siete años. (I)
CIFRAS
4
cambios de localidad a agentes civiles se han dado en la actual administración de Hugo Gómez.
8
informes sobre presuntas irregularidades cometidas por agentes de la CTE se presentaron en 2025.
180
agentes civiles de la CTE rotan en distintos turnos y horarios en la provincia del Azuay.
