Asociaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) del Azuay realizaron un plantón en el Parque Calderón el 3 de febrero de 2026, para exigir el pago de valores pendientes por trabajos realizados para el Estado.
La deuda en Azuay oscila entre 1,8 millones y 2,2 millones de dólares y corresponde a rubros como confección de uniformes escolares, servicios de limpieza, alimentación y metalmecánica.
A escala nacional, la deuda bordea los 7 millones de dólares.
María Lazo, presidenta de la Unión de Proveedores de la Economía Popular y Solidaria del Azuay (UniProEpsAzuay), explicó que los Comprobantes Únicos de Registro (CUR) de pago ya fueron emitidos por el Ministerio de Educación, pero los desembolsos no se han concretado desde la cartera de Finanzas.
“Somos proveedores del Estado. Entregamos los trabajos en octubre de 2025 y estamos en febrero de 2026 y no nos cancelan. Hay compañeros con cuatro, seis y hasta ocho meses de retraso en los pagos”, aseveró.
La dirigente advirtió que detrás de cada contrato existen familias que dependen de estos ingresos para cubrir créditos bancarios, pago de salarios, impuestos, seguros y gastos básicos.
El malestar también se extiende a las condiciones contractuales. María Cajilima, integrante de UniProEpsAzuay, cuestionó la falta de equidad en el cumplimiento de los plazos.
“Tenemos 45 días para entregar. Si nos retrasamos un día, hay multas e incluso inhabilitación por cinco años para contratar con el Estado. Pero ¿Quién los sanciona a ellos cuando no nos cumplen?”, reclamó.
Las asociaciones también solicitan la actualización de los precios del catálogo de compras públicas.
Señalaron que no se revisan desde hace varios años, pese al incremento del IVA y eliminación de subsidio al combustible.
“Pedimos que se ajusten los valores. Los costos de materiales y suministros han subido, lo que complica aún más nuestra producción”, afirmó una manifestante.
Situación recurrente
Desde la Asociación de Producción Textil del Austro (Asoprotexaustro), su representante legal, Diana Acevedo, aseguró que esta situación se ha vuelto recurrente.
“Cumplimos con todos los requisitos de la contratación pública. Entregamos los productos, pero seguimos sin cobrar. Esta situación se repite año tras año. La economía popular y solidaria impulsa el desarrollo del país. Pagamos puntualmente al SRI, de lo contrario, tenemos multas o recargos por atrasos, pero el Estado no nos cumple”, agregó.
En Azuay, representantes de alrededor de 80 asociaciones textiles se sumaron al plantón, sin embargo, el reclamo tiene alcance nacional.
Jorge Álvarez, coordinador general de la Federación Nacional de la EPS, aseguró que se ha vulnerado el esquema legal de pagos.
“Los convenios marco establecen plazos de 15 a 30 días, pero hay retrasos que superan los ocho meses en sectores como alimentación y limpieza. En el área textil no se paga desde octubre, mientras ya se han lanzado los nuevos contratos para el régimen Costa”, advirtió.
Los proveedores señalan que continúan aceptando nuevos contratos con el Estado con la expectativa de que se cumplan los plazos establecidos.
“La situación laboral en el país es complicada, el trabajo escasea y los productos importados compiten con nuestra producción”, indicó Cajilima.
Ofrecimiento para pago antes de Carnaval
Tras la protesta, una delegación de la Economía Popular y Solidaria (EPS) fue recibida por el gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez.
Martha Pauta, representante de la Asociación de Confeccionistas Textiles del Azuay (Asozutex), informó que el funcionario se ha comprometido a gestionar la agilización del pago ante el Ministerio de Finanzas con el compromiso de cancelar los valores hasta el 15 de febrero de 2026, antes del feriado de Carnaval.
“No queremos que esto quede en palabras. Ya pasamos los feriados de Navidad y fin de año sin cobrar. Exigimos que se cumpla este acuerdo”, señaló Pauta.
De no concretarse los pagos, las organizaciones anunciaron que retomarán la convocatoria a un plantón nacional en Quito.
Además, cuestionó que, pese a que las órdenes de compra se emiten con partidas presupuestarias asignadas, los recursos no hayan sido transferidos.
«Nos dicen que pagarán cuando exista la disponibilidad del dinero. No entendemos porque se supone que se destina el presupuesto de antemano porque se sabe cuánto se va a invertir en uniformes escolares», agregó. (I)
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