La viceprefecta de Azuay, Alexandra Quintanilla, quien cumple prisión por conducir bajo los efectos del alcohol, tenía la licencia caducada desde 2021.
Así consta en los registros de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en los que se detalla que la validez de la licencia de conducción de la funcionaria estaba activa del 4 de abril de 2016 hasta el 3 de abril de 2021.
Además, en la ANT consta que Quintanilla registra un valor pendiente de pago de 219,60 dólares por exceder los límites de velocidad, hecho sancionado en el artículo 389 del COIP.
Esta fue emitida el 31 de marzo de 2016 en Latacunga, provincia de Cotopaxi.
Hasta este viernes 6 de marzo de 2026, la cantidad de puntos que tenía en su licencia era 24.
A esta fecha se sabe que la funcionaria, a través de su abogado defensor, Juan Carlos Salazar, busca que se revea la sentencia emitida por la jueza.
Antecedentes
La madrugada del sábado 28 de febrero de 2026, durante un operativo de tránsito de la EMOV en la Bajada de Todos Santos, agentes detuvieron la marcha del vehículo Jeep en el que viajaba Quintanilla.
Según consta en la resolución de la jueza, la actual Viceprefecta se negó a que se le aplique la prueba de alcoholemia, pese a tener aliento a licor, como mencionaron los agentes civiles y los médicos que la revisaron.
Entre las novedades presentadas durante el procedimiento, Quintanilla habría sufrido convulsiones.
No obstante, según la sentencia de la magistrada, los médicos que la revisaron detallaron que no tenía ningún problema de salud ni que había sido medicada.
Por tal motivo, la jueza procedió a darle 30 días de privación de libertad.
Además, según indicó la jurista, Quintanilla habría presentado una licencia que no le pertenecía, y que estaba a nombre de ‘Dina Cecilia Vicuña’.
Por este motivo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por un presunto delito de acción pública.
Asimismo, Quintanilla acusó a los agentes, que le tomaron procedimiento, de agredir a una mujer, sin entregar pruebas.
Días después de ir a prisión, apareció un video de 44 segundos y la supuesta mujer agredida, quien argumentó que la Viceprefecta la defendió.
La mujer mostró un video parcial, de no más de 5 minutos.
Frente a esto, Lenin Guzmán, gerente de la EMOV, refirió a El Mercurio que fue una jueza la que tomó la resolución y emitió la sentencia.
Además, dijo que de ser necesario, nuevamente presentarán la evidencia que le sirvió a la jueza para que emita la sanción, como el “video de 2 horas”, registrado por los agentes.
Supuesta agresión
Ahora, de defensa de Quintanilla, entre ellos el abogado Juan Carlos Salazar, busca revertir la sentencia alegando que la funcionaria no estuvo en estado etílico.
Salazar refirió que la Viceprefecta colaboró con el procedimiento y que sí quiso hacerse la prueba de alcotest.
Por otra parte, dijo que la supuesta suplantación de identidad «es un asunto complemente a parte, porque no tiene nada que ver con el tema». (I)
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