La reforma a la Ley Orgánica de Cultura se vuelve a debatir en el país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, a través de su sede nacional y de los núcleos provinciales, lleva a cabo talleres para actualizar la normativa con aportes de artistas, gestores y organizaciones culturales.

En Cuenca, la jornada se desarrolló el martes 10 de marzo de 2026 en la Sala Catalina Sojos, donde representantes del sector cultural participaron en mesas técnicas para analizar la legislación vigente, identificar sus limitaciones y formular propuestas que serán incorporadas en un documento que se presentará a la Asamblea Nacional.

El director del núcleo del Azuay, Patricio Zamora, explicó que la iniciativa busca construir una reforma desde los territorios.

“La cultura tiene muchas generalidades, pero también especificidades. Entre ellas están el empleo, la seguridad social, la salud y el fortalecimiento de los ecosistemas culturales. Estas mesas permiten discutir lo que ocurre en el sector y elaborar una propuesta junto con los otros 23 núcleos”, señaló.

El encuentro se estructuró en cinco ejes temáticos: Régimen Integral de educación y Formación Artística y Cultura (RIEFAC) y seguridad social; modelos de fomento; red cultural comunitaria; distribución de recursos; y la naturaleza institucional de la Casa de la Cultura.

Los participantes coincidieron en que la cultura debe ser entendida como un eje fundamental del tejido social y una herramienta para fortalecer la identidad y la convivencia.

Preocupaciones

Entre los participantes, uno de los temas abordados fue la precariedad laboral en el ámbito cultural y las limitaciones para acceder a mercados y financiamiento.

El pintor Hernán Illescas, con más de cuatro décadas de trayectoria, señaló que los artistas enfrentan dificultades derivadas de los recortes presupuestarios, así como de la escasez de espacios para la circulación de su trabajo.

“Cuenca tiene un reconocimiento importante en el ámbito cultural del país, pero los recursos destinados al sector no responden a esa realidad”, afirmó.

Illescas también planteó la necesidad de simplificar mecanismos de financiamiento cultural, especialmente aquellos vinculados a incentivos y deducibilidad tributaria, con el fin de facilitar el acceso de artistas jóvenes que muchas veces desconocen los procedimientos técnicos.

Para César Hermida, integrante del colectivo La Casa Tomada, uno de los aspectos relevantes del proceso es su carácter participativo

“La primera buena noticia es que la discusión se está haciendo de manera colectiva. No se trata de una propuesta elaborada desde un escritorio en Quito”, indicó.

Hermida sostuvo que el acceso a recursos públicos es fundamental para sostener los procesos artísticos y garantizar el ejercicio de los derechos culturales.

“El Estado debe financiar la cultura porque es parte del ámbito público y del desarrollo social. Cuando hay crisis, los primeros recortes suelen afectar al sector cultural, y eso termina debilitando la vida social y la identidad colectiva”, señaló.

La gestora cultural y artista escénica Priscila Solano destacó la importancia de que la reforma incorpore garantías para el ejercicio profesional.

“Es fundamental que las propuestas lleguen a la Asamblea para que el sector tenga una legislación más cercana a su realidad”, manifestó.

Entre las demandas planteadas está el acceso a seguridad social y mejores condiciones laborales. Solano explicó que muchos trabajadores enfrentan dificultades para acceder a créditos o beneficios laborales debido a la percepción de inestabilidad de su actividad.

“La seguridad social es una deuda histórica del Estado con la cultura. Somos uno de los sectores más precarizados y, aun así, sostenemos procesos culturales fundamentales para la sociedad”, afirmó. (PNH)-(I)

Un proceso nacional

El actual proceso de discusión de reformas a la Ley Orgánica de Cultura se produce luego de que en noviembre de 2024 el Ejecutivo emitiera un veto total al proyecto de reforma, lo que impidió su tratamiento legislativo durante un año. Cumplido ese plazo, el debate se retomó a escala nacional.

Este nuevo ciclo de diálogo se suma al proceso participativo iniciado en 2021, cuando más de mil personas participaron en 24 asambleas territoriales y tres sectoriales para construir una propuesta de reforma con alcance nacional. La nueva etapa busca actualizar, validar y fortalecer ese documento a través de talleres provinciales en los que se analizan capítulos y artículos específicos de la normativa vigente. Los resultados de las mesas provinciales serán sistematizados en un documento que se presentará ante la Asamblea Nacional. (I)

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