Ángel Bolívar R. violentó durante varios años a su hijastra. Incluso la violó y la embarazó cuando ella tenía solo 17 años.
Todo este ciclo de violencia terminó la madrugada del 19 de febrero de 2025, cuando el sujeto la agredió físicamente y la estranguló.
La Fiscalía investigó el caso por femicidio y los resultados permitieron que el acusado sea declarado culpable.
El Tribunal Penal que conoció la causa le impuso una condena de 26 años de privación de libertad.
El lamente suceso ocurrió en el sector Cashapugro, perteneciente al cantón Sígsig.
El femicidio se consumó en la vivienda
La víctima, de 20 años, descansaba en la vivienda que compartía con el acusado, su hijo y dos hermanos. Repentinamente, Ángel Bolívar R. la obligó a salir en donde la agredió físicamente y terminó con su vida.
Al día siguiente, el agresor fingió desconocer dónde se encontraba la víctima.
Alrededor de las 07:00, el cadáver fue localizado a 240 metros de la vivienda con hematomas en varias partes del cuerpo, incluido el cuello.
Una vecina del lugar fue quien reportó el hecho a la Policía, debido a que Ángel Bolívar R. se negó a hacerlo y pretendía trasladar el cuerpo por sus propios medios hasta la vivienda.
En el entorno familiar, la víctima también habría sufrido agresiones sexuales. En su testimonio, su madre reveló que ella le había confesado que su padrastro la había violado y, como consecuencia de ello, tuvo un hijo a los 17 años.
La paternidad del agresor fue demostrada mediante pruebas científicas.
Testigos
Con el testimonio de la progenitora y de los peritos que efectuaron la necropsia psicológica, Fiscalía demostró que el ahora sentenciado ejerció sobre la víctima control, celos y otras manifestaciones violentas de poder, vinculadas a su condición de ser mujer.
Fiscalía también presentó los testimonios de los agentes aprehensores y de una vecina, quienes coincidieron en que, al momento de localizar el cadáver, el ahora sentenciado tenía rasguños en la nariz.
Tras haber analizado estos y otros elementos probatorios, el Tribunal Penal de Azuay sentenció al acusado y dispuso que cancele 50.000 dólares a las víctimas indirectas.
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