Los concejales de Cuenca plantean retomar el tratamiento de la Ordenanza de Control, derogada hace más de un año, ante las denuncias sobre prostíbulos clandestinos en sectores residenciales.
La propuesta tomó fuerza después de los cuestionamientos del gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, quien atribuyó a la falta de esta normativa las dificultades para intervenir en inmuebles donde presuntamente funcionan estos establecimientos.
Bermúdez indicó que la ordenanza permitiría establecer mecanismos para que los comisarios municipales intervengan en esos espacios con apoyo de la Policía.
La concejal Diana González anunció que solicitará formalmente que el proyecto vuelva a análisis.
“Hoy emitiré un oficio para solicitar que esta ordenanza sea nuevamente llevada al Concejo Cantonal y pueda recibir el trato correspondiente”, señaló González.
«Es una ordenanza importante para la ciudad porque especifica el tema sancionatorio en el cantón Cuenca».
La ordenanza y las competencias municipales
La edil aclaró que la derogación no eliminó las regulaciones sobre el uso de suelo y ordenamiento territorial.
“Existe norma con el uso y gestión de suelo, esta tiene que ser respetada porque, si no, viviríamos en tierra de nadie y eso no puede darse”, afirmó.
El concejal Gustavo Valencia también plantea retomar la discusión para revisar el contenido que llevó a la derogación de la normativa.
Explicó que uno de los desacuerdos estuvo relacionado con el sector rural donde se discutía la regulación del lote mínimo, el fraccionamiento de terrenos y la legalización de herencias para los hijos.
En este sentido, señaló que el Municipio ha avanzado en la aprobación de planes parciales para las parroquias.
“Podríamos retomar el debate de la ordenanza e irla actualizando conforme vayamos saliendo con las parroquias”, manifestó.
El concejal pidió a la alcaldesa subrogante, Marisol Peñaloza, realizar un taller para revisar los puntos críticos de la norma derogada. El tratamiento de la propuesta dependerá de que la alcaldesa subrogante incluya el tema en el orden del día.
El planteamiento de los ediles coincide con el pedido del gobernador, aunque existen diferencias sobre el alcance de la derogación.
Bermúdez sostiene que la ausencia de la ordenanza dificulta el ingreso de la Policía a inmuebles donde se denuncian actividades clandestinas.
Sin embargo, Valencia rechazó que la derogación pueda utilizarse como explicación para la existencia de prostíbulos clandestinos y señaló que existen instrumentos legales para actuar ante incumplimientos del uso de suelo.
Control por actividades clandestinas dentro de una vivienda
El control cambia cuando los establecimientos denunciados funcionan dentro de viviendas particulares, debido a las restricciones para ingresar a un domicilio.
La intendente de Policía del Azuay, María de los Ángeles Palacios, explicó que la institución no puede ingresar directamente a una casa para clausurarla por una denuncia de este tipo.
Señaló que la Intendencia puede realizar controles y clausuras dentro del ámbito de sus competencias, pero que una vivienda requiere otro procedimiento.
«Hay actividades clandestinas en domicilios. Por eso pedimos a la ciudadanía que, antes de arrendar una vivienda, verifique la identidad del inquilino, solicite su cédula y procure conocer sus antecedentes”.
Ante una denuncia corresponde activar una investigación y, si existen elementos que lo sustenten, acudir a Fiscalía para que se solicite ante un juez la autorización correspondiente.
Denuncias de presuntos prostíbulos en Cuenca
Dirigentes de Totoracocha reclaman operativos de control ante la presencia de presuntos prostíbulos clandestinos en el sector lo que ha incrementado los focos de inseguridad. Juan Bustillos, presidente del barrio Mutualista Azuay, afirmó que el problema genera preocupación entre los moradores y pidió acciones inmediatas.
“Las autoridades se hacen de la vista gorda. No dan respuestas. Se necesita una ordenanza que regule el funcionamiento de estos establecimientos”, aseguró.
Bustillos afirmó que dirigentes barriales conocen denuncias sobre la existencia de entre cinco y seis presuntos burdeles dispersos en Totoracocha.
El debate que los concejales buscan retomar tendrá que definir qué disposiciones debe contener la nueva ordenanza, cómo se aplicará junto con las normas nacionales, los instrumentos de ordenamiento territorial y qué sanciones podrá establecer el Municipio. (I)
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