El Gobierno nacional no logra establecer un compromiso serio y confiable con la ciudad de Cuenca. Aunque ha declarado públicamente que el proyecto minero Loma Larga no continuará, sus acciones dicen lo contrario. La reciente revocatoria de la licencia ambiental, en lugar de cerrar el capítulo, abre un nuevo frente de incertidumbre jurídica que podría derivar en millonarias demandas contra el Estado. No es una victoria ambiental, sino una jugada ambigua que siembra dudas sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo.
Detrás de lo que parece un gesto a favor del ambiente, se esconde un procedimiento confuso, que no cumple estándares mínimos de coherencia institucional. En otras palabras, la “voluntad política” expresada en discursos podría transformarse en un costoso error de Estado. A esto hay que agregar la extraña decisión gubernamental de no renovaar el acuerdo para el cobro del servicio de recolección de basura y con ello poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la EMAC.
Estas actitudes, más cercanas al capricho que a la madurez política, generan la impresión de que el Gobierno castiga a Cuenca por haber expresado su desacuerdo con el extractivismo. No se puede leer de otro modo cuando las medidas adoptadas parecen una represalia al “atrevimiento” de más de cien mil personar que marcharon el pasado 16 de septiembre en defensa del agua.
Cuenca ha hablado con claridad. Lo hizo en las urnas y en las calles. Lo que espera ahora no son gestos simbólicos ni mensajes contradictorios, sino acciones honestas, coherentes y profesionales. Cumplir la ley y respetar la voluntad ciudadana no debería ser motivo de disputa, sino el punto de partida para reconstruir la confianza. Evitar una tomadura de pelo al país entero está todavía a tiempo.
